Un educador del Centro Penitenciario de Brieva (Ávila) ha declarado este pasado viernes que Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, amenazó con "hundir" la cárcel si no era trasladada a Barcelona. Según su testimonio, la reclusa aseguró disponer de vídeos sexuales con funcionarios y amenazó con hacerlos públicos.
La declaración ha tenido lugar en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila, donde se investiga si funcionarios del penal mantuvieron relaciones sexuales con Quezada a cambio de favores como la entrega de un teléfono móvil. El educador relató que la amenaza fue realizada durante una entrevista con la presa en julio de 2024.
El objetivo: trasladarse a Barcelona
La intención de Quezada, según el testigo, era presionar para ser trasladada a una cárcel en Barcelona, donde reside su pareja sentimental. Aunque ya había cursado una solicitud formal, habría recurrido al chantaje para acelerar el traslado, afirmando que disponía de vídeos íntimos con personal del centro penitenciario.
Uno de los trabajadores presuntamente implicados, el cocinero A.M.H, también compareció ante el juez y negó haber mantenido relaciones con la reclusa. Aseguró que ella se insinuó en varias ocasiones, llegando a tocarle el hombro, pero que él rechazó cualquier avance. Atribuye la acusación a una venganza por no haber accedido a sus insinuaciones.
El cocinero sí admitió que, en una ocasión, Quezada le pidió contactar telefónicamente con su novia, M.A.R.Q, para que le llevara ropa de abrigo al centro. Esta llamada habría tenido lugar a mediados de 2024. No obstante, la novia declaró que fue el cocinero quien facilitó el teléfono móvil con el que se produjo la comunicación.
Investigación por cohecho y nuevas líneas de testimonio
En la causa también interviene Patricia Ramírez, madre del niño asesinado por Quezada, como acusación popular. Ramírez ha solicitado de nuevo que se tome declaración a otra reclusa que podría aportar pruebas clave, aunque esta solicitud ya fue rechazada con anterioridad por el juzgado.
Uno de los funcionarios investigados, S.T., declaró en su día negando los hechos. Lo hizo solo a preguntas de su abogado y rechazó haber facilitado trato de favor alguno a la reclusa a cambio de sexo. El interrogatorio forma parte de la causa por un presunto delito de cohecho, recogido en el artículo 443.2 del Código Penal.
Varios trabajadores del penal abulense han sido suspendidos de sus funciones mientras continúa la investigación judicial. La jueza busca esclarecer si se produjo una concesión de favores penitenciarios a Quezada, incluida la tenencia de un teléfono móvil, a cambio de mantener relaciones sexuales con personal del centro.
Los próximos pasos del proceso podrían incluir nuevas declaraciones testificales o la solicitud de pruebas documentales que ayuden a confirmar o desmontar las acusaciones. Mientras tanto, la polémica sobre la gestión del centro penitenciario de Brieva crece, con implicaciones que podrían salpicar a varios niveles del sistema penitenciario.