Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años asesinado en 2018 en Níjar (Almería), ha afirmado que existen “indicios” de que Ana Julia Quezada, autora del crimen, habría cobrado un adelanto por un documental que presuntamente pretendía grabar desde prisión. Quezada cumple una condena de prisión permanente revisable en el centro penitenciario de Brieva, en Ávila.
Ramírez realizó estas declaraciones en una entrevista en Canal Sur Televisión, tras conocerse que la Audiencia Provincial de Almería ha desestimado el recurso presentado por la defensa de la condenada y ha ratificado el embargo de su peculio y de cualquier otro ingreso. La medida busca garantizar el pago de la indemnización establecida a favor de los padres del menor.
La resolución judicial avala que tanto el dinero del que disponga la interna como “cualquier otra pensión o asignación que pudiera corresponderle” sean embargables. El tribunal considera que las necesidades básicas de Quezada están cubiertas en prisión y que cualquier cantidad excedente debe destinarse al cumplimiento de la responsabilidad civil impuesta en sentencia.
En este contexto, Ramírez ha rechazado que se aleguen dificultades económicas para eludir el pago de la indemnización y ha cuestionado la imagen pública que, a su juicio, se ha proyectado en algunos momentos de la condenada. Asimismo, ha reclamado que se respeten los derechos de las víctimas y que la ejecución de la pena se produzca en igualdad de condiciones con el resto de personas privadas de libertad.
La denuncia de Patricia Ramírez
La madre de Gabriel también ha señalado que ha tenido conocimiento, a través de terceros, de diversas circunstancias relacionadas con la interna, como la realización de trabajos durante varios años, la supuesta tenencia de teléfonos o la elaboración de un documental sin su consentimiento. Según ha indicado, no ha recibido información oficial al respecto, pese a los derechos que reconoce el Estatuto de la Víctima del Delito.
Por último, Ramírez ha recordado que siguen pendientes diligencias para investigar posibles bienes de la condenada fuera de España, en concreto en República Dominicana, donde existirían referencias a una vivienda. Ana Julia Quezada fue condenada en septiembre de 2019 por el asesinato de Gabriel Cruz y obligada a indemnizar con 500.000 euros a sus padres por daños morales, además de asumir los gastos derivados de la búsqueda del menor.