El Gobierno de Juanma Moreno ha anunciado este martes que está estudiando minuciosamente la Ley de Vivienda que la psada semana anunció el Gobierno de España tras llegar a un acuerdo con ERC y EH Bildu. La Junta de Andalucía no descarta interponer un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional por invesión de competencias.
El portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco, ha reivindicado que las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas y que, sin embargo, esta ley se ha pactado "de espaldas" a ellas. Afirma la Junta que se ha enterado del contenido de la norma "por la prensa".
Esta situación ha provocado que el Ejecutivo de Moreno haya trasladado el caso a los servicios jurídicos de la administración para valorar el margen de maniobra que puede tener la Junta de Andalucía en este tema, "no conocemos más de lo que se ha publicado". Además, el Gobierno andaluz ha solicitado que se convoque la Conferencia Sectorial de Vivienda "para que las comunidades autónomas podamos preguntar y exista ese diálogo del que tanto hablan en el Gobierno de España y tan poco practican".
Sobre la vivienda, el portavoz también se ha pronunciado sobre el anuncio de Pedro Sánchez con respecto a las 50.000 viviendas de la Sareb. En esta cuestión, el tono del portavoz andaluz no ha sido más amable, ni mucho menos.
"La competencia de vivienda es eminentemente autónomica y el Gobierno de España toma decisiones sin contar con absolutamente nadie. Además, las anuncia en mítines del Partido Socialista". En este sentido, Fernández-Pacheco ha denunciado que las comunidades autónomas se enteren de la política de vivienda del país a través de mítines del PSOE. "Eso es muy grave, no puede suceder y no nos podemos acostumbrar a que suceda".
La Junta pone en marcha un plan de vivienda para personas vulnerables
El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas a entidades del Tercer Sector que faciliten una solución habitacional a familias que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad en Andalucía, como víctimas de violencia de género, personas que han sido objeto de desahucio de su vivienda habitual o personas sin hogar. Esta convocatoria, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), dispone de un crédito de dos millones de euros.
Cada subvención (para las que las entidades podrán presentar sus solicitudes hasta la finalización del crédito) tendrá una dotación máxima de 250.000 euros, teniendo en cuenta que se trata de un importe máximo de 600 euros al mes por cada vivienda que se destine al alojamiento de estas familias.
En supuestos debidamente justificados en base a estudios actualizados de la oferta de vivienda, la renta arrendaticia o precio de cesión establecido podrá alcanzar los 900 euros al mes y hasta 200 euros al mes para atender los gastos de comunidad.
Las entidades de Tercer Sector que soliciten estas ayudas deberán estar domiciliadas en Andalucía y, en su caso, legalmente constituidas e inscritas en el registro. Además, deben destinar las viviendas o dotación residencial público o privado (propiedad, arrendamiento, cesión o uso) al alojamiento a personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.
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