Tras año y medio de pandemia y con su correspondiente impacto negativo en el tejido económico y social de cualquier territorio, comienzan a conocerse algunos de los proyectos que tendrán lugar con los fondos Next Generation de la Unión Europea. En concreto, una de las primeras inversiones que se llevará a cabo en Andalucía será en la parcela de los servicios sociales. En total, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación dispondrá de 450 millones repartidos en tres años.
Destaca la construcción de complejos residenciales intergeneracionales. Es decir, esto supondrá que dentro de poco sea habitual ver a universitarios y personas mayores o dependientes compartiendo instalaciones. La Junta ya ha anunciado la proyección de dos de estos centros en los que convivirán 400 y 120 personas. Habrá distintos espacios habitacionales. Por un lado, existirán pequeñas unidades residenciales que compartirán entre 12 y 16 personas mayores o dependientes. Sin embargo, en los mismos complejos, también se encontrarán apartamentos. Las viviendas irán destinadas tanto a universitarios, como a personas mayores con un mayor grado de autonomía o personas con familiares dependientes que necesiten asistencia.
"La idea es que los recursos de complejo se adapten a las personas y no al revés"
Según ha anunciado la propia consejera, Rocío Ruiz, este nuevo modelo supone el fin de la construcción de grandes residencias. El objetivo es una atención más cercana “en el que la persona ocupe el centro de toda intervención y que dé una respuesta ágil, eficaz y eficiente a las necesidades de los más vulnerables”. En este sentido, también están incluidos en el plan los sectores de la infancia y adolescencia. Por ello, contarán con servicios para todas las edades, desde centros de día a educación infantil pasando por bibliotecas o infraestructuras deportivas como piscinas. Se dará asistencia diaria a unas 2.000 personas por complejo residencial, según los cálculos de la Junta.
El propósito que se transmite desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación es el de realizar una atención integral y personalizada que mejore la calidad de vida y el bienestar del individuo en base a sus intereses y preferencias y contando con su participación en todo el proceso. El proyecto busca que las personas cuenten con diferentes recursos a lo largo de su vida según el grado de dependencia en cada momento. “La idea es que los recursos de complejo se adapten a las personas y no al revés” afirma la Junta.
La propuesta se ha hecho pública en plena ola de contagios en los jóvenes, sin embargo, la confianza en la vacunación y, por lo tanto, en el fin de la pandemia, no paraliza el proyecto sino todo lo contrario, parece que esta convivencia será parte de la nueva realidad que espera a la sociedad andaluza a medio plazo.
El presupuesto irá aumentando cada año pasando de los 124 millones de 2021 a los 171 de 2023. El proyecto se articulará en cuatro ejes. El primero de ellos, Andalucía más cercana será el que se lleve la mayor partida económica, 323 millones irán destinados a los cuidados de larga duración en el que se priorizará mantener a la persona en su domicilio y evitar que las personas con patologías potencialmente cronificables acaben siendo dependientes.
Las entidades locales gestionarán el 20% de los fondos
Por su parte, Andalucía más infancia pretende dar continuidad a la Ley de Infancia y Adolescencia que se aprobará de forma inminente en el Parlamento “el reto es que ningún niño menor de 13 años este en un centro residencial de menores” ha expresado Rocío Ruiz. Habrá 21,7 millones dedicados al fomento del acogimiento familiar y atención a la infancia. Para el apartado Andalucía más accesible se destinarán 17,5 millones con el fin de eliminar barreras arquitectónicas y cognitivas. Por último, 84 millones serán para Andalucía más social, un eje enfocado a la agilización administrativa y transformación digital con la aplicación de Inteligencia Artificial y Big Data.
Ayuntamientos y diputaciones serán los encargados de gestionar el 20% de estos fondos (un requisito indispensable para acceder era hacerles partícipe de, al menos, el 17%). Por su parte, a las entidades sociales y prestadoras de servicios les corresponderá la gestión 17%.
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