La Policía Nacional arrestó, el pasado 4 de marzo, al jefe de seguridad y propietario de una empresa de seguridad privada de Jerez como presunto autor de un delito de falsedad documental.
El detenido, supuestamente, actuó de forma ilícita para evitar una sanción a la que se enfrentaba su empresa tras detectarse unas posibles irregularidades en un servicio de vigilancia y protección que se estaba prestando en una urbanización de la ciudad.
Las investigaciones realizadas por la unidad territorial (UTSP) de Cádiz de la Policía Nacional fueron fruto de varias informaciones facilitadas por otra empresa de la competencia.
Diez días después, el Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez ha archivado la denuncia efectuada por la UTSP de la Policía Nacional de Cádiz contra el jefe de seguridad de la empresa. La resolución que decreta este archivo ya es firme.
El juez no ve delito en estos hechos y consecuentemente procede al archivo de las diligencias. La empresa de seguridad privada de Jerez que se ha visto afectada con estos hechos es una empresa con larga trayectoria en la ciudad y que ha participado en eventos importantes.
La empresa, perjudicada por la trascedencia mediática de la detención de su propietario, está estudiando qué acciones legales emprender tras estos hechos, “tras no tenerse en cuenta el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución Española, dañando grave e injustamente el trabajo y reputación de la empresa y de su equipo de gestión y trabajadores”.
La Policía Nacional llevó a cabo la detención, tras recibir información de una empresa de la competencia, detectando irregularidades que no se ajustaban a lo previsto en la normativa vigente de seguridad privada, además, señalando que el conjunto residencial no cumplía los requisitos legales para poder acogerse a este tipo de servicios privados.
Los investigadores policiales determinaron que el detenido presionó a sus trabajadores para que testificaron a su favor y que fabricó partes con datos ficticios en los que se narraban unos hechos que en realidad nunca habrían tenido lugar en la urbanización y con los que pretendían "camuflar" el modo ilegal en el que se estaba dando el servicio.
El Juzgado, tras estudiar el caso, ha determinado que no ve indicios de delito en la actuación de la empresa de seguridad privada, archivando así las diligencias, tras lo que la compañía se plantea denunciar a los responsables del escarnio público que ha sufrido.
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