Las irregularidades del jefe de seguridad: presionaba en Jerez a sus vigilantes para no perder a un gran cliente

Detenido el propietario de una empresa de seguridad privada que prestaba servicios a un conjunto residencial que no cumplía los requisitos legales

Agentes de la Policía Nacional de Jerez.
Agentes de la Policía Nacional de Jerez.

Un propietario de una empresa de seguridad privada en Jerez ha sido detenido por la Policía Nacional tras posibles irregularidades en un servicio de protección y vigilancia que estaba prestando en una urbanización de la ciudad. Los servicios desarrollados por esta empresa, de la que el detenido también era jefe de seguridad, no se ajustaban a lo establecido en la normativa vigente de seguridad privada ni el conjunto residencial cumplía con los requisitos legales para poder acogerse a este tipo de servicios privados. 

Con el fin de eludir una cuantiosa sanción a la que se enfrentaba su empresa por las irregularidades citadas, el detenido actuó presuntamente de forma ilícita y se le acusa de un delito de falsedad documental. Según las pesquisas policiales, el detenido presuntamente habría presionado a varios vigilantes de su empresa para que testificaran a su favor en la Comisaría de Jerez, cambiando el sentido de unas declaraciones efectuadas previamente a funcionarios policiales encargados de la inspección y control de la actividad llevada a cabo en su empresa de seguridad privada.  

Asimismo, el empresario detenido habría remitido días después de la inspección unos partes de servicio de vigilantes de su empresa para que fueran incluidos en el expediente administrativo tramitado por el Grupo Operativo de Seguridad Privada de la Comisaría. Tras haber sido objeto de estudio y verificación, se concluyó que los partes presuntamente contendrían datos ficticios y no veraces, narrando unos hechos que en realidad nunca habrían tenido lugar en la urbanización y con los que pretendía “camuflar” el modo ilegal en el que se estaba dando el servicio.

De esta forma intentaba evitar la sanción administrativa y de paso no perder a la urbanización como cliente, ya que les reportaba pingües beneficios a pesar de que a estos no se les podía prestar el servicio de la manera en que se venía realizando conforme a la Ley de Seguridad Privada. La investigación fue llevada a cabo de manera conjunta por el Grupo Operativo de Seguridad Privada de la Comisaría Local de Jerez de la Frontera y la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial de Cádiz.

 

 

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