"Los niños, niñas y adolescentes que han sido separados de su padre, madre o persona cuidadora principal han sido objeto de abandono, y la mayoría han padecido situaciones de negligencia, malos tratos u otras circunstancias dolorosas y traumáticas. La mayoría presentan unas especiales necesidades que son similares y que se pueden reflejar en su capacidad para establecer relaciones afectivas, para mantener relaciones sociales, manejar sus emociones, etcétera". Con estas palabras define la Junta de Andalucía a los menores que necesitan una familia de acogida.
Hace unos años, Samuel y su pareja decidieron dar el paso de inscribirse como familia acogedora. Un par de años después, en 2015, fueron aceptados y, desde entonces, viven con un menor cuyo tutor sigue siendo la Junta de Andalucía porque creen que "los centros no son lugares para que los niños se puedan desarrollar con normalidad" y "era una manera de ayudar". Sin embargo, a pesar de los protocolos y las nuevas leyes, cada vez menos familias se atreven a esto. El motivo principal es que la administración autonómica apenas les ofrece atención y ayuda. "Pensábamos que íbamos a recibir mucha más atención y apoyo de la administración", confiesa Samuel.
Este testimonio es uno de los muchos que ha podido recabar lavozdelsur.es para constatar la situación en la que se encuentran estas familias y, por ende, los menores pese a que todas ellas hacen esfuerzos para que no pasen ningún tipo de dificultades. La más clara, aunque a la que menos importancia le da la mayoría de afectados, es la ayuda económica. La discriminación es evidente. Mientras el menor que está con familias acogedoras recibe 300 euros mensuales, la Junta paga entre 3.000 y 9.000 por niño a los centros de menores que gestionan distintas empresas. Sin embargo, en los gastos extraordinarios – terapias, dentistas – que tendría que afrontar la administración, los pagos se hacen con meses de retraso… o ni se llegan a hacer.
Durante este 2022 ya ha habido noticias que señalaban que las cosas con los menores que son responsabilidad de la Junta de Andalucía no se estaban haciendo correctamente. Lavozdelsur.es sacaba en exclusiva la denuncia de una madre por el trato que estaba recibiendo su hijo en uno de estos centros de menores. Aquello provocó que la administración abriera una investigación. A esto se le ha unido que las entidades privadas que gestionan estos centros cada vez cuentan con menos personal, como ha denunciado CCOO.
"La administración está saturada, hay falta de personal y falta de ganas. Los equipos están incompletos. Hay nueve en Sevilla y todos incompletos. No hay ni abogados para firmar actas", denuncia Samuel a la vez que enseña una lista de reclamaciones hechas a través de la administración electrónica sin que nadie las haya resuelto y respondido. Todo ello provoca un desánimo en las familias "estamos abandonados por la administración y desprotegidos. No se nos escucha".
La externalización del servicio también provoca que el seguimiento que se hace con los menores no sea todo lo riguroso que debiera. Si bien es cierto que las familias acogedoras tienen que superar determinadas pruebas de idoneidad, las circunstancias pueden variar. Más teniendo en cuenta los sucesos recientes con pandemia y crisis económica. Nada de ello puede ser detectado por la administración y las empresas encargadas del seguimiento con los protocolos actuales.
Varias familias señalan que actualmente todo se hace por vía telefónica y una llamada cada varios meses es suficiente para rellenar los informes pertinentes. "Los técnicos no conocen al niño", afirma una de las familias afectadas. En muchas ocasiones, la familia tampoco conoce al equipo asignado. Hasta ahora algunos reconocen que tenían miedo a hablar por la posibilidad de que les retirasen la idoneidad como familia acogedora debido a la denuncia y de forma discrecional, pero la situación se ha vuelto insostenible para varios afectados que ven que tienen que responder a las necesidades especiales del menor sin medios para ello.
Una de las empresas que se encarga de la gestión es Márgenes y Vínculos. Varias familias nos han mostrado su descontento con el funcionamiento de la empresa y el desinterés que muestran cuando se trata de hacer el seguimiento, "es telefónico y no preguntan al menor", denuncia una de las madres con una menor de acogida. Esta persona también cuenta que apenas recibió información de su historial médico, "tenía el hígado dañado por una paliza que recibió de pequeña y no me comentaron nada".
Otro de los procedimientos que no funcionan bien son los acoples. Esto se basa en la transición de una familia de acogida a la familia adoptiva definitiva. Desde que comenzó la pandemia la situación ha cambiado, pero la Junta no ha hecho nada por regresar a la situación anterior. Antes, ambas familias convivían durante varios días para que la adoptiva conociera al niño sin que este se despegara de forma brusca de las persona o personas con la que había convivido. Esta convivencia la presenciaba un técnico. Ahora, las familias de acogida denuncian que apenas pasan media hora en convivencia y que una vez pasado este periodo, el niño ya se queda solo con las familias de adopción, "no nos dejan ni tomarnos un café. La única explicación es que familias adoptivas se han quejado porque se han entrometido demasiado como familia de acogida".
Todas las familias con las que ha hablado lavozdelsur.es ha afirmado de forma tajante que en los últimos años la situación ha empeorado salvo una. El presidente de la federación andaluza de familias de acogida afirma que "en los últimos años se ha avanzado mucho", en referencia a la ley del menor. Esta persona reconoce que se pueden escapar las ayudas a alguna familia, "pero depende del Estado, no de la Junta". A pesar de los testimonios, Miguel Ángel defiende que "los gastos extraordinarios se están pagando en tiempo y forma". Sin embargo, además de que hay familias afectadas que denuncian que esto no es así, hay otras que directamente ni solicitan estos gastos para no perder el tiempo. Aun así, el presidente de la federación reconoce que con la pandemia, los seguimientos han bajado y que hay que ajustar los protocolos de actuación.
Durante la legislatura recién acabada se aprobó la Ley de la Infancia. Sólo Vox votó en contra. Su enmienda a la totalidad permitió al PSOE enmendar dicha ley. Pese a esto, hay voces que denuncian que el texto es un calco a lo que los socialistas habían presentado en la anterior legislatura y que no salió adelante por el rechazo de Ciudadanos. "Es la misma ley pero con menos derechos", dice una familia afectada.
Desde el PSOE cuentan que la exposición de motivos es idéntica y que el texto se respeta en un 80%. Los socialistas apuntan dos cuestiones, la primera de ellas es la retirada de ayudas para los que cumplen 18 años puedan tener cierta solvencia económica y no queden desamparados. La otra cuestión era un compromiso para que el 100% de los menores de 6 años estuvieran en familias de acogida y no en centros de menore. Un acuerdo al que también se ha llegado en otros niveles de la administración. Pero varias familias con las que ha hablado este medio señalan que no se cumple.
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