El Congreso de los Diputados ha dado un respaldo mayoritario al real decreto del Gobierno que amplía los permisos por nacimiento y cuidado de hijos. Con 313 votos a favor, 33 abstenciones de Vox y ningún voto en contra, la cámara baja ha convertido la medida en uno de los consensos sociales más amplios de los últimos meses. Además, todos los grupos han aceptado que se tramite como proyecto de ley, lo que abre la puerta a modificaciones en su desarrollo.
Ampliación de los permisos y aplicación retroactiva
El decreto aprobado incrementa de 16 a 19 semanas el permiso remunerado por nacimiento y lo eleva hasta 32 semanas en el caso de familias monoparentales, donde la mayoría de progenitores son mujeres. La primera parte del permiso, de seis semanas, seguirá siendo de disfrute obligatorio e ininterrumpido tras el nacimiento, adopción, guarda o acogimiento. El resto de semanas podrán organizarse de forma flexible dentro del primer año de vida del menor.
Como novedad, se suman dos semanas adicionales —cuatro en familias monoparentales— que podrán disfrutarse hasta que el niño cumpla ocho años. Estas se aplicarán con carácter retroactivo a los nacidos a partir del 2 de agosto de 2024, fecha en la que España estaba obligada a cumplir la directiva europea en materia de conciliación laboral y familiar.
Impacto en las familias monoparentales
La medida refuerza de forma notable los derechos de las familias monoparentales, que pasan a contar con un permiso de 32 semanas frente a las 19 de los hogares biparentales. También dispondrán de cuatro semanas adicionales de cuidado —el doble que las familias con dos progenitores—, igualmente con carácter retroactivo para los nacidos desde agosto de 2024.
Durante el debate parlamentario, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó el alcance social de la medida. “Esta medida beneficiará a casi un millón de personas este año que tendrán más tiempo para estar con los suyos y menos agobio en sus vidas”, afirmó. Además, recalcó que se trata de una “cuestión de Estado que trasciende la polémica partidista”. En sus palabras, “no hablamos solo de semanas ni de preceptos, sino de la vida real de la gente”.
El real decreto, que entró en vigor hace mes y medio tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, se adelantó a la votación en el Congreso para evitar sanciones adicionales. España había recibido ya una multa de la Unión Europea por incumplir la normativa comunitaria sobre permisos de conciliación, lo que aceleró su aprobación.
El Ministerio de Inclusión calcula que el coste de la medida ascenderá a 1.500 millones de euros este año, una cifra que cubrirá la Seguridad Social abonando el 100% de la prestación durante todo el periodo de permiso. Con esta decisión, España busca alinearse con los estándares europeos y dar un paso significativo en políticas de conciliación familiar y laboral.