Al margen de cómo haya caído el sorpresivo adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez en el ámbito político, para el común de los mortales, que sigue en sus rutinas, resulta que, al celebrarse el 23 de julio y si es elegido para estar en una mesa electoral, ha despertado una enorme preocupación en los muchos que para esas fechas tienen cerrado viajes vacacionales, reservas hoteleras pagadas y cerradas, vuelos, etcétera.
Este asunto es objeto de un intenso debate tanto en la calle como a escala mediática donde los expertos lo dicen claro, excepto por cuestiones muy específicas, que nada tienen que ver con el ocio, el ciudadano debe acatar su elección y comparecer en la mesa que la ha tocado. De no hacerlo, las consecuencias están prescritas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y no son precisamente livianas.
Por cierto y tomen nota, las notificaciones a los seleccionados para estar en las mesas electorales se realizarán durante los últimos días de junio, concretamente, del 24 de junio al 1 de julio, ambos incluidos.
Así las cosas, la Organización de Consumidores y Usuarios -OCU-, se ha interesado y ha pedido que las juntas electorales y las empresas de turismo hagan lo posible para que el afectado no vea agravada una situación en la que puede perder el dinero invertido en sus vacaciones.
La OCU, en una nota emitida, se posiciona en favor de las personas que se vean afectadas por esta obligación. Explica que la normativa da un plazo de siete días desde la notificación para alegar los motivos de no poder acudir a la mesa para lo que deberán aportar documentación que certifique que había unas vacaciones contratadas.
La organización ha pedido a las juntas electorales que “tengan en cuenta la problemática y flexibilicen sus criterios de admisión en las reclamaciones”, dado que las vacaciones son “un evento familiar de especial relevancia, que resulta inaplazable y que en caso contrario puede provocar un perjuicio económico importante”.
Del mismo modo, se ha dirigido a las empresas turísticas y de viajes para que impere el “entendimiento entre usuarios y empresas, que hagan un esfuerzo por buscar una solución, realizando devoluciones de dinero por la cancelación de las reservas”. Incluso, la OCU llega a plantear la necesidad de una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General “a fin de que se dote de voluntariedad al nombramiento de presidente y vocales de las mesas electorales».
Según establece esta misma ley, los supuestos en los que un ciudadano puede librarse de ser mesa electoral son: ser mayor de 65 años, tener una discapacidad o una incapacidad permanente y absoluta y gran invalidez, una incapacidad temporal para el trabajo, estar embarazada de seis meses o más y ser madre en periodo de lactancia.
También estar al cuidado de menores de ocho años, personas con discapacidad o de familiar de hasta segundo grado por edad, accidente o enfermedad, estar internado en prisión o en un psiquiátrico, haber sido miembro de una mesa electoral al menos tres veces en los últimos diez años y tener una orden de alejamiento contra un votante censado en ese colegio.
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