Una revisión pediátrica rutinaria en un centro sanitario de Elche ha derivado en la detención de los padres de una niña de tres años, acusados de haberla sometido a una ablación genital. Los profesionales detectaron lesiones cicatrizadas e irreversibles compatibles con esta práctica prohibida, lo que dio lugar a una investigación formal por parte de las autoridades.
El caso fue puesto en conocimiento del juzgado de instrucción y de la Fiscalía de Menores tras recibir el informe médico. Según confirmaron fuentes policiales, durante la exploración de la menor –que había llegado a España en mayo de 2024– se observaron signos evidentes de una intervención quirúrgica en la zona genital. La niña residía legalmente en el país junto a sus padres y no existía sospecha previa por parte del entorno educativo o sanitario.
Reconocimiento parcial del padre
Tras conocerse los hechos, la Policía Nacional entrevistó a ambos progenitores. El padre reconoció que la ablación fue realizada como parte de una “creencia cultural”, aunque no ofreció detalles sobre el momento ni el lugar en el que se produjo. Las investigaciones apuntan a que la intervención fue llevada a cabo fuera de territorio español, antes de la llegada de la familia a Elche.
Los agentes lograron identificar a los presuntos responsables, un hombre de 38 años y una mujer de 26, ambos localizados en la localidad ilicitana. Fueron detenidos por un presunto delito de lesiones graves y puestos a disposición judicial. La causa está siendo instruida por el juzgado de guardia de Elche.
Una práctica perseguida por la ley
La ablación o mutilación genital femenina es una práctica que sigue produciéndose en diversas regiones del mundo, especialmente en países africanos, pero que está expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico español. Desde la Policía Nacional se advierte que "cualquier actuación que vulnere la integridad física o moral de menores constituye una infracción grave", sin importar el contexto cultural o personal de quienes la cometan.
Las autoridades recuerdan que el respeto a las tradiciones o creencias religiosas “debe quedar siempre supeditado al cumplimiento de los Derechos Humanos, recogidos en la Declaración Universal de 1948”. En ese sentido, subrayan que los Estados tienen el deber de actuar para proteger la seguridad, dignidad y bienestar de todos los menores, sin excepciones.