Uno de cada cuatro menores de Andalucía sufre riesgo de pobreza

El Defensor del Menor de Andalucía reclama un plan integral de lucha contra la pobreza infantil ante el agravamiento a causa de la pandemia

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se dirige al salón de protocolo acompañado de los defensores adjuntos Juana Pérez y Jaime Raynaud. PARLAMENTO
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se dirige al salón de protocolo acompañado de los defensores adjuntos Juana Pérez y Jaime Raynaud. PARLAMENTO

La pandemia ha agravado la situación de pobreza infantil en Andalucía hasta extremos preocupantes. Esta realidad escapa a la que ofrece el presidente Juan Manuel Moreno en sus intervenciones, como en la de este pasado miércoles en el Parlamento con motivo de un debate sobre el estado general de la comunidad, pero las alertas hace mucho que saltaron. 

El Defensor del Menor de Andalucía —y Defensor del Pueblo Andaluz—, Jesús Maeztu, ha reclamado la elaboración de un plan integral de lucha contra la pobreza infantil en Andalucía a causa del agravamiento de su situación por la pandemia, que incluya acciones, financiación específica y un conocimiento previo de su coste. Según ha informado una nota de prensa, esta demanda se recoge en el Informe del menor 2020 que el Defensor ha entregado esta semana a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, en el que analiza y propone medidas con un "enfoque de futuro" ante el impacto de la pandemia.

Durante el pasado año, fueron 6.663 actuaciones en menores las que ejecutó el comisionado parlamentario, "único en el territorio nacional", de las cuales 2.941 se refieren a quejas y 3.722 a consultas. En asuntos de infancia, adolescencia y juventud se tramitaron un total de 2.228 expedientes de queja ( un 22,6% más), de los cuales 2.195 fueron instados por la ciudadanía y 33 se iniciaron de oficio promovidos por la institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 713 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores. Las consultas, por su parte, crecieron un 19%.

El Defensor del Menor y del Pueblo Andaluz ha señalado que la lucha contra la pobreza infantil supone "uno de los principales retos de nuestra sociedad" y ha indicado que "se han aprobado diversas iniciativas que no acaban de proporcionar los efectos deseados". A su juicio, "es necesaria una reordenación de los sistemas públicos de ayudas y protección social a las familias para evitar solapamientos pero, sobre todo, para no dejar a nadie fuera del sistema". "Nunca antes las familias se habían empobrecido tanto, ni de manera tan rápida", ha destacado.

Del total de población de Andalucía en riesgo de pobreza, las personas menores de 18 años suponen el 24,1% en 2019. Ello significa que, según la Encuesta de Condiciones de Vida para 2019 —último año disponible en el momento de elaborar el presente informe—, uno de cada cuatro menores de edad en nuestra Comunidad Autónoma se encuentra en riesgo de pobreza, lo que según Maetzu se ha visto agravado por la pandemia. Si se emplea el umbral de pobreza de España, el 40,8% de los niños de Andalucía se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

Maeztu ha pedido que las soluciones a la pobreza infantil "pasen por ponerla en el centro de las prioridades de todas las políticas públicas" y ha incidido en que dichas políticas "deben estar guiadas siempre por el interés superior del niño, contar con su participación, incrementar el gasto social dirigido a la infancia y, por último, garantizar que las restricciones presupuestarias que puedan imponerse para hacer frente a la crisis económica y social provocadas por la covid-19 no afecten al ámbito de la infancia".

Asimismo, ha profundizado en otros aspectos de protección de la infancia que ha agravado la pandemia y lo ha ejemplificado en la salud mental. Temas como el trastorno de ansiedad y el depresivo, las preocupaciones familiares por el futuro económico, el desempleo, el cierre de los colegios durante el confinamiento, la incertidumbre generalizada sobre el futuro, la interrupción de terapias específicas, la violencia en el ámbito familiar o las enfermedades mentales de los progenitores son factores que "pueden influir negativamente en patologías mentales previas", ha agregado.

Maeztu ha señalado que el sistema tiene una "infradotación de recursos en el sector de la infancia y adolescencia", y que esta realidad de problemas de salud mental en los jóvenes, "presente pero invisible, se está dando con mayor intensidad a causa de la pandemia".

"La salud mental no debe quedar olvidada o relegada a un segundo plano, porque hay estudios como el de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que aseguran que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030", ha advertido.

El Defensor del Menor de Andalucía también ha profundizado en otras formas de violencia dirigidas hacia los más jóvenes además de la pobreza y la pandemia. Es el caso de la utilización de los niños dentro del fenómeno de la violencia machista, que acumula más de 1.100 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde 2003, 270 de ellas en Andalucía, y más de 700 niños huérfanos.

El comisionado parlamentario ha añadido que la institución "sigue investigando situaciones de malos tratos en el entorno familiar" y ha subrayado que "el confinamiento disparó los problemas de convivencia (intrafamiliar, vecinal) y, como consecuencia, se obtuvo un aumento de la violencia hacia los menores".

Por ello, Maeztu se ha congratulado de la aprobación de la ley que pretende combatir la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva integral, y ha señalado que la institución "ha contribuido con sus aportaciones a la elaboración de la próxima Ley de Infancia y Adolescencia".

Por último, ha enfatizado en el impacto de la pandemia en la educación, visibilizada, sobre todo, en la brecha digital, "que afecta al alumnado más empobrecido, colocándolo en una situación de desventaja respecto de sus compañeros".

Finalmente, también se ha referido a otros hitos como la aprobación de una nueva Ley de Educación, la Lomloe; el desarrollo en Andalucía de una nueva normativa de escolarización, y los problemas que se siguen produciendo en la Educación Especial, tanto en los centros específicos como en los recursos a disposición de los centros ordinarios.

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