Rebelión Científica ha comunicado que más de diez personas han sido detenidas por agentes de la Brigada Antiterrorista y llamadas a declarar ante la Policía Nacional en distintas ciudades, por la acción de desobediencia civil no violenta llevada a cabo frente al Congreso de los Diputados el pasado 6 de abril. Ese día, integrantes de la comunidad científica y académica de toda España se reunieron en Madrid frente a la Cámara Baja para arrojar sangre falsa y biodegradable sobre el edificio, con el fin de llamar la atención y denunciar la inacción de las autoridades frente a la crisis climática y ecológica.
La actividad se enmarcó dentro de la semana de acciones en más de 25 países del movimiento Rebelión Científica. En medio de la peor ola de calor en un mes de junio en 20 años, las personas investigadas han sido imputadas con los cargos de "delito de daños" a un "edificio singular protegido" y "delito de daños a las instituciones del Estado" por "alterar de forma notoria la sesión que se estaba realizando en el Congreso de los Diputados". Tras las detenciones, los miembros de la comunidad científica fueron puestos en libertad con cargos.
La sangre falsa y biodegradable, realizada a base de agua y remolacha, no ocasionó daños materiales y fue retirada por los servicios de limpieza en cuestión de minutos, a pesar de la impugnación policial que cifra los daños en el edificio por valor de 3.306,69 euros. Las personas imputadas niegan la veracidad de las acusaciones y afirman que "la acción transcurrió de manera pacífica y no impidió el desarrollo de la actividad parlamentaria". Además, en alusión a las acusaciones realizadas añaden que, "la falta de acción política ante la crisis climática, de manera urgente y contundente, está alternado de forma notoria el clima y la vida de las generaciones presentes y futuras".
La pintura simbolizaba el estado trágico de emergencia climática señalado por el sexto informe del panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) y que António Guterres, Secretario General de la ONU, indicó como una señal de “alerta roja” que nos lleva a “una senda suicida para la humanidad” si no actuamos.
Rebelión Científica quiere destacar lo irregular del procedimiento de detención, ya que los participantes afectados sólo fueron contactados por teléfono para acudir a prestar declaración con menos de 24 horas de antelación, dos meses y medio después de dicha acción. Y, una vez en dependencias policiales, fueron informados del procedimiento de detención. Rebelión Científica valora que estos actos intimidatorios son parte de una estrategia de endurecimiento de la represión contra los movimientos sociales con el fin de disuadir a las personas para que no ejerzan su derecho a la protesta pacífica, y aseguran que no disminuirán su ánimo ni su determinación a la hora de denunciar esta crisis climática y transversal ni a sus responsables, y que sólo nos harán redoblar nuestros esfuerzos para combatir la situación.
El movimiento declara a su vez que la detención de científicos y científicas, académicos, periodistas de divulgación científica y gestores y educadores medioambientales es un hecho muy grave para toda la sociedad española, pues trata de impedir una acción ciudadana global. En palabras de las científicas del movimiento Elena González Egea y Belén Díaz cuando recibieron el mes pasado el precio Ecozine Berta Cáceres por el compromiso ambiental del conjunto de las acciones de Rebelión Científica: "Quienes realmente hemos interiorizado el escenario ante el cual estamos, no podemos seguir haciendo vida normal. Nuestra vida ha quedado irremediablemente atravesada por la responsabilidad de no causar más daño y de reparar todo lo posible el ya provocado".
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