Sumarse al plan de acogimiento familiar de la Junta de Andalucía es un ejemplo de generosidad y de amor. Es darle un hogar y familia a niños que no tienen. En definitiva, es ofrecerles un futuro. Samuel lo pensó así en el año 2015. "Empecé con mucha ilusión y toda la confianza en el sistema de acompañamiento de las familias", comenta a lavozdelsur.es.
La situación, ocho años después, es diferente, pero ante todo quiere dejar claro que sigue creyendo en el acogimiento familiar como la única medida efectiva para que los menores crezcan con seguridad. "Animo a todas las familias a acoger y a ayudar a esos niños", añade. Samuel ha dado un paso más y ahora pide la adopción del menor. Pero según denuncia, la administración no ha cumplido con sus obligaciones y ahora él se quiere hacer cargo para que al menor no le falte la atención que necesita.
Su experiencia en los últimos meses se ha truncado. Y no por la relación con el menor, sino por algunas actuaciones de la administración. El servicio, como otros tantos de la administración pública, está subcontratado por empresas externas. La última licitación rondó los dos millones de euros. Una cantidad suficiente para que la Junta de Andalucía y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad velaran por el cumplimiento de todas las condiciones, asegura.
"Firmé un compromiso para salvaguardar los intereses del menor y lo estoy llevando hasta el final", señala en declaraciones a lavozdelsur.es. El problema llega por la otra parte. "La administración y la empresa adjudicataria no responden y no cumplen sus obligaciones. Se nos está haciendo cuesta arriba porque no vemos respetados los derechos que tenemos como acogedores", explica.
Su equipo de servicio de atención a la familia ha estado siempre en Sevilla. Recientemente, los técnicos que llevan su caso han dividido la atención del menor entre Huelva y Sevilla, un hecho que complica mucho la situación. "No sé a dónde me tengo que dirigir", añade por el hecho de que a veces son técnicos de Huelva y otras veces de Sevilla. Es decir, mientras el seguimiento diario del menor lo hace un técnico onubense, las condiciones del acogimiento la supervisan en Sevilla. "Dicen que se coordinan pero no está funcionando".
De estos cambios se enteraron por casualidad. "No hemos recibido formación en estos seis años y no hay seguimiento residencial. Están presentes en la visita del niño a su madre pero no llaman para saber si está bien o qué necesidades tiene".
Este cambio de 'sedes' ha llegado cuando Samuel ha mostrado su intención de adoptar al menor. Entre otras cosas porque el niño así lo ha pedido, incluso delante de su madre. Una madre que, por otro lado, está de acuerdo en que se lleve a cabo. "Queríamos formalizar este abandono de la administración adquiriendo las competencias tutelares del menor".
Estas dos figuras se diferencian en que en un acogimiento la administración tiene responsabilidades sobre el menor para que esté bien atendido. En la adopción toda esta responsabilidad ya pasa a manos de la familia adoptiva. Es una medida que contempla el protocolo de intervención para las medidas del acogimiento familiar. Samuel lo solicitó hace más de un año pero sigue sin respuesta.
Lo que sí ha provocado movimiento es una reunión que tanto él como otros padres de acogida han tenido con la Fiscalía de Menores. Ese encuentro provocó llamadas del servicio de acogida a todas las familias implicadas, donde la supervisión ha pasado de inexistente a exhaustiva. "Quieren hacer el trabajo que no han hecho en seis años". No obstante, no se les ha notificado nada por escrito y no se le han dado motivos para cambiar la relación.
Este programa, que la empresa responsable ha calificado como "de refuerzo", en la familia de Samuel lo consideran negativo porque supone cambiar los psicólogos y trabajadores sociales que han estado con el menor durante todo este tiempo y tenían todas las referencias. "Es un retroceso, habíamos empezado la vía de adopción y ahora casi estamos empezando un acogimiento desde cero".
Todo ello se produce con una comunicación que, según Samuel, se malinterpreta constantemente. "Dicen que estamos cerrados a que visite a su madre, pero nosotros pedimos tener más visitas y que sean de calidad". Otra de las cuestiones que ha provocado el conflicto es que la empresa niega la posibilidad de que los desplazamientos para las visitas o para las evaluaciones sean los sábados. Lo cierto es que Samuel vive ahora en la sierra de Huelva y el sábado es el día óptimo para evitar que el menor acuda con el cansancio acumulado de las clases. "Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, pero no es beneficioso para el niño".
Entre tanto, algunos de los últimos movimientos que se han dado hacen que Samuel se haya puesto en lo peor. Reconoce que existe miedo en las familias por el hecho de que se puedan hacer informes negativos. "Me da miedo de que me lo quiten por ser molesto para la administración, pero el servicio de menores no protege al menor", dice tajante.
Deja claro que él únicamente está luchando para que se cumplan los derechos del menor. "Queremos darle voz al niño y el lugar que se merece a su madre", con la que reconoce que, a pesar de sus dificultades, mantiene una buena relación. "Ella se merece tener unas visitas de calidad".