La decisión del Gobierno, en acuerdo unánime con las autonomías, de cerrar discotecas y pubs para evitar que continúe propagándose el coronavirus, ha generado un varapalo enorme en el sector del ocio nocturno. Al mediodía de este viernes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comunicaba la decisión. Eso sí, la decisión no es automática, pues las comunidades autónomas deben publicar la normativa en cada uno de sus boletines oficiales. Eso genera incertidumbre en el corto plazo. De hecho, el Gobierno vasco ha intentado hacer efectivo ese cierre hoy mismo pero su Tribunal Superior ha tumbado la iniciativa para hoy al carecer de publicación en el boletín, a través del cual se hacen públicas y efectivas las leyes.
En Andalucía, mientras la Junta no haga lo propio en el BOJA, las discotecas podrían abrir sin problemas aparentes. La situación legal es la misma que la del jueves: las mismas restricciones, las mismas posibilidades. Salvo que se precipite su publicación de forma extraordinaria, esta noche podrán abrir los negocios. Y en sus redes sociales, una gran mayoría está optando por comunicar la apertura. "Está aprobado en el Gobierno pero lo tiene que delegar a las Comunidades Autónomas y ellas tienen que hacer su borrador y publicar. Que quiere decir: ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE LA DISCOTECA ABIERTA!!!!!" (sic), publicaba en redes un relaciones públicas de una discoteca sevillana.
En Jerez, el pub discoteca Iroko indicaba en su página: "Os esperamos en nuestro horario habitual y bajo reservas (aforo limitado)". En la misma línea, la terraza Blue Monkey, en Jerez, anunciaba en sus redes que abriría viernes y sábado. Salas como Momart, en Cádiz, han anunciado fiestas en días anteriores y, por el momento (18.00 horas del viernes) no ha comunicado que no vaya a abrir. Revisadas las redes de dos docenas de discotecas por toda Andalucía, todas apuntan a abrir con normalidad, pronunciándose o no explícitamente sobre el anuncio del Gobierno
Las asociaciones patronales, en pie de guerra
Empresarios del ocio nocturno han mostrado su preocupación por el cierre de las discotecas, salas de bailes y bares de copas de toda España, anunciado este viernes por el Ministro de Sanidad, Salvador Illa. "Ahora un nuevo cierre total no es que nos coloque al borde del abismo, sino que estamos en la ruina total", ha señalado a Europa Press el secretario general de Spain NightLife, Joaquim Boadas, quien ha reclamado ayudas para el sector mientras que desde España de Noche han advertido: "Al final vamos a ir a los tribunales".
Para el secretario general de Spain NightLife, existen medidas alternativas "menos drásticas" que el cierre total del ocio nocturno en toda España, como rebajar aforos; buscar la implementación de más medidas de seguridad; buscar la manera de que se respete el distanciamiento entre mesas; o que la gente "tenga más concienciación de llevar más la mascarilla puesta". "Hay clientes que se han comportado y clientes que no se han comportado, pero esto no puede ser motivo de que se castigue a todo el sector. Hay que adoptar medidas drásticas con aquellos que incumplen", ha sentenciado.
Por su parte, España de Noche ha valorado "muy negativamente" la decisión del Gobierno de cerrar el ocio nocturno en toda España, una medida tomada, a su juicio, "sin tener en cuenta a las empresas, las patronales". "No se puede tratar así a las empresas, al final vamos a ir a los tribunales", ha advertido a Europa Press el presidente de España de Noche, Ramón Mas, destacando que "se ha demostrado que solamente el 6 por ciento de los casos de rebrotes se está produciendo en el ocio nocturno".
En su opinión, esta decisión es "precipitada". "No sabe muy mal, nos enfada mucho que el Gobierno no tenga la capacidad de empatizar con las empresas, de comunicar estas decisiones a las empresas", ha lamentado. En la misma línea, Mas ha recordado que durante el verano "ya había unas restricciones muy marcadas", con las que muchas discotecas "han mal abierto para intentar cubrir algunos de los gastos que tienen". En este sentido, subraya que las medidas deben de ir dirigidas a proteger a las más de 25.000 empresas y a los más de 200.000 trabajadores que quedan "absolutamente desprotegidos".
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