José Enrique García no da crédito. El presidente de la Asociación Andaluza de Afectados por la Talidomida no va a recibir ningún tipo de indemnización por padecer esta enfermedad pese al anuncio del Gobierno y el Real Decreto 547/2023 que se aprobó el pasado 4 de julio. El motivo alegado es que no está en los registros del Instituto Carlos III. Sin embargo, se da la circunstancia de que este afectado de talidomida sí pudo jubilarse de forma anticipada, reconociéndose su enfermedad por parte de la Junta de Andalucía y de la Seguridad Social.
La talidomida es el principio activo que se usó en un fármaco recetado a las emabrazadas en las décadas de los años 50 y 60 con objeto de combatir las naúses propias de la gestación. Su uso provocó el nacimiento de miles de niños con malformaciones en varios países, más de un millar de ellos en España. Andalucía es la única comunidad autónoma que hizo un registro oficial de las víctimas de talidomida, de la que forman parte 51 andaluces y andaluzas. Ahora, ese registro no es válido para el Gobierno, que a partir del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 reparte indemnizaciones para los afectados por este medicamento entre 1950 y 1985.
"No lo deniegan por argumentos, no hay derecho. Estamos desamparados ante una norma totalmente caprichosa, ya que no hay razón médica", explica el presidente de la asociación a lavozdelsur.es tras presentar un recurso contencioso-administrativo a la Audiencia Nacional. Junto a él, al menos una veintena de andaluces se han quedado sin indemnizaciones pese a haber sido reconocidos de otra forma como víctimas de la talidomida.
El "Real Decreto pretende establecer unas ayudas monetarias para los afectados en España, si bien ya se dieron unas similares en 2010 que fueron un total fracaso: llegaron a tan solo una docena de personas. "Llevamos una década esperando que se arregle ese desaguisado, tanto en los plazos, como la cuantía". explica José Enrique sobre una situación que afecta a más de 600 personas en España. La criba reside en dos de los artículos de la citada norma, concretamente los artículos 2.c y 6.1h, para los que han pedido su nulidad ya que son "discriminatorios" y van "en contra de la Constitución".
En concreto, el artículo 2.c , que habla concretamente de las personas beneficiarias explica que "la persona interesada figure inscrita en el Registro Estatal de Enfermedades Raras, gestionado por el Instituto de Salud Carlos III, en virtud del informe de validación positivo emitido por el Comité Científico-Técnico de la Talidomida". Por su parte, el 6.1.h expresa que el certificado debe ser emitido por el Instituto de Salud Carlos III, dependente de la propia Administración central.
"Hemos remitido nuestras pruebas médicas e informes andaluces al Instituto de Salud Carlos III y no las declaran compatibles, pero no nos dicen qué alternativas existen", lamenta. El centro ha decidido por "criterios desconocidos" las personas que son compatibles, sin dar explicación a aquellos que no han sido reconocidos por ese instituto, algo que precisamente es incompatible con una norma anterior. Para el presidente de la asociación hay un motivo político y presupuestario, ya que en los Presupuestos de 2018 se contempló una partida de 20 millones de euros para las ayudas, que si fueran para todos superaría esa cuantía, a 12.000 euros por cada punto de discapacidad en cada persona afectada por talidomida.
"No sabemos exactamente cuántos por la protección de datos, pero en Andalucía calculamos que somos más de veinte personas que no tenemos explicación a nuestra malformación. El Carlos III lo ha descartado sin argumentos", concluye.
Para el Ministerio de Derechos Sociales no es talidomida, pero para la Seguridad Social sí
El abogado de la asociación, Juan Ramón García Cadenas, explica a lavozdelsur.es que presentaron el recurso ante la Audiencia Nacional hace dos semanas, al ser el juzgado competente. El principal problema que ve el letrado es la "contradictoria" circunstancia de que para la Junta de Andalucía y la Seguridad Social los afectados por talidomida que no han recibido la ayuda sí hayan sido reconocidos, como denota sus prestaciones y su prejubilación, y ahora no lo sean para el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. "Si es para uno, es para otro... no tiene sentido", denuncia a este medio.
Esta situación crea, a su juicio, "desigualdades" e "inseguridad jurídica". En la norma de 2018, uno de los preceptos expresaba que a los afectados que le dieran una denegación por parte del Instituto Carlos III, tendrían un diagnóstico alternativo, algo que no se ha cumplido. En el caso del presidente de la asociación, José Enrique, su malformación —uno de los brazos no se le desarrolló y lleva una prótesis— sí es reconocida como talidomida para otras personas. "Es muy común, algunos la cobran y otros no. ¿Cómo es posible eso?", se pregunta el abogado.
Sobre si el motivo es presupuestario, el letrado no se moja, aunque sí expresa que se ha hecho "deprisa y corriendo" dada la convocatoria electoral. "Lo han dejado cerrado de mala forma", dice. Ahora, los afectados tienen que solicitar una solicitud individual, independiente del recurso que ha presentado la asociación a la Audiencia Nacional. "Esto es solo el principio, hemos pedido la anulación de esos artículos, pero luego habría que reformar la norma", explica el abogado. Una vez más, los afectados por la talidomida, quedan a merced del poder político de turno, que tendrá que reformar la norma si quiere hacerla extensiva a todos los afectados y dotarla de presupuesto.
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