Pere Puig i Ribas, vecino de Reus de 54 años, recibió este jueves por la tarde la prestación de ayuda para morir (PRAM), poniendo fin a un proceso que se ha prolongado durante casi dos años y medio. Su caso ha estado marcado por lo que él mismo definió como "853 días de buRROcracia e incumplimientos de la ley 3/2021", hasta que finalmente la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) autorizó la aplicación de la eutanasia tras la tramitación de su expediente.
Puig había solicitado la prestación en tres ocasiones y su caso estuvo atravesado por múltiples obstáculos administrativos y médicos antes de obtener la aprobación definitiva. Su muerte se produce tras un largo recorrido en el que, según su relato, la aplicación de la ley fue objeto de continuas dificultades y revisiones.
Enfermo desde hacía más de dos décadas, sufría una depresión severa crónica resistente a los tratamientos, acompañada de una ansiedad permanente que describía como presente las 24 horas del día. Esta situación había derivado en un importante deterioro físico, con dolor persistente, hipertensión y pérdida de masa muscular. Él mismo había explicado que padecía ataques de pánico diarios, agorafobia que le impedía salir de casa y una intolerancia a alrededor de una quincena de fármacos distintos.
En su blog personal, Puig dejó un último mensaje fechado el 16 de abril de 2026 en el que afirmaba: "Hoy se cumple la ley, hoy termina la lucha, hoy habrán terminado las discriminaciones, hoy habrá terminado el sufrimiento". Con estas palabras anunciaba el final de un proceso que, según sus propios cálculos, se había prolongado durante 853 días desde su primera solicitud presentada el 15 de diciembre de 2023.
Desde 2006 tenía reconocido un grado de discapacidad del 68%. Su situación clínica, sin embargo, fue inicialmente cuestionada en varias ocasiones. Su médico de cabecera del CAP Sant Pere rechazó hasta tres veces sus solicitudes al considerar que su depresión "no tenía un carácter incapacitante", pese a que la ley orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia contempla el sufrimiento grave, crónico e imposibilitante sin expectativa de mejoría.
Varias denegaciones
Tras la tercera denegación, Puig recurrió a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña. El organismo concluyó que "mantenía plena capacidad para expresar de manera libre e informada su voluntad" y que su patología psíquica, unida al deterioro físico, "limitaba de manera significativa su autonomía". Asimismo, constató que se habían agotado las alternativas terapéuticas y que no existía previsión de mejoría. Posteriormente, una nueva médica responsable emitió informe favorable y una psiquiatra ratificó la evaluación, lo que permitió completar el procedimiento.
Puig falleció además con la voluntad expresa de donar sus órganos. "Representa hacer las cosas bien, que mi muerte sirva para algo", afirmó, al tiempo que lamentaba la alta tasa de negativas a la donación en Cataluña. En sus escritos también defendía: "Es mi vida y solo yo puedo decidir sobre ella", y agradecía el apoyo de sus hijos y hermanas, que le acompañaron durante su proceso y respaldaron públicamente su voluntad de acogerse a la eutanasia dentro del marco legal.