La Fiscalía de Andalucía ha decidido abrir diligencias tras recibir varias denuncias por supuestos fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama. El Ministerio Público ha solicitado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía un informe detallado sobre los hechos y sobre las medidas adoptadas para reparar los posibles daños ocasionados a las afectadas, así como las acciones previstas para evitar que se repitan situaciones similares.
Según el comunicado difundido por la Fiscalía, las irregularidades denunciadas estarían relacionadas con el funcionamiento del programa de cribado de cáncer de mama, que forma parte del proceso asistencial integrado de esta enfermedad en el sistema sanitario andaluz. Los fallos detectados podrían derivarse de una aplicación defectuosa o de un mal funcionamiento del protocolo previsto para la detección temprana de los casos.
Las diligencias se abren a raíz de las denuncias presentadas por la asociación El Defensor del Paciente y por las formaciones políticas Adelante Andalucía e Izquierda Unida–Convocatoria por Andalucía. La asociación fue la primera en trasladar a la Fiscalía su preocupación, después de recibir quejas de pacientes que aseguraban haber sufrido perjuicios por deficiencias en la atención sanitaria. En su denuncia, solicitó investigar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por una supuesta dejación de funciones en la gestión del programa de cribado.
Las denuncias
Posteriormente, IU Andalucía elevó un escrito ante la Fiscalía General del Estado para que se analizara la posible comisión de un delito de homicidio imprudente en la actuación de los tres últimos consejeros de Salud del Gobierno andaluz del Partido Popular. Entre los nombres señalados figuran Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento andaluz; Catalina García, actual consejera de Medio Ambiente; y Rocío Hernández, que dimitió de su cargo como titular de Salud tras la polémica.
Adelante Andalucía presentó, por su parte, una denuncia ante la Fiscalía autonómica en la que apuntó posibles responsabilidades penales por los delitos de lesiones imprudentes, homicidio por imprudencia y dejación de funciones públicas. En su escrito mencionó a Rocío Hernández, a su antecesora Catalina García, a la viceconsejera de Salud María Luisa del Moral y a la gerente del SAS, Valle García, por entender que podrían haber incumplido sus obligaciones en la prestación del servicio sanitario.
A las denuncias previas se ha sumado un escrito presentado por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que asegura haber detectado supuestos borrados de historiales médicos vinculados a mamografías y ecografías en las plataformas del SAS, un hecho negado por la Junta. Este colectivo, que ha reunido numerosos testimonios de afectadas, estudia la posibilidad de interponer una demanda colectiva o varias individuales según los casos que logre documentar.