Tras la multitudinaria movilización celebrada el pasado 26 de octubre en defensa de la sanidad pública y de los derechos de las mujeres afectadas por los fallos en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM), las representantes del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM) ha hecho público un contundente pronunciamiento institucional. El organismo reclama a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía mayor transparencia, recursos y rendición de cuentas, en cumplimiento del compromiso adquirido en su pleno del pasado 6 de octubre y en el escrito remitido al consejero Antonio Sanz Cabello el 22 de octubre.
Las representantes del Consejo han anunciado que este martes 28 de octubre se celebrará una Comisión Permanente para definir su hoja de ruta institucional y elaborar informes técnicos desde el Grupo de Trabajo de Salud, Deporte y Bienestar Social. El objetivo es coordinar una respuesta institucional sólida ante una crisis que ha generado una profunda preocupación social.
Reclamo de rendición de cuentas y denuncia de “violencia institucional”
El CAPM denuncia la falta de comunicación efectiva, el trato paternalista hacia las mujeres afectadas y la deslegitimación de la asociación Amama, que ha desempeñado un papel esencial al visibilizar las irregularidades del programa de cribado. En su declaración, el las vocales del Consejo reclaman que se restituya la comunicación con las afectadas y con la asociación Amama como representantes legítimas de las pacientes.
“Calificar de alarmistas o desinformadas a mujeres que exigen transparencia y reparación constituye una forma de violencia institucional”, subrayan las representantes del Consejo. En este sentido, recuerdan que las administraciones tienen la obligación legal de garantizar el respeto, la igualdad y la participación de las mujeres en las políticas públicas de salud.
Entre las medidas urgentes reclamadas a la Consejería de Salud, el CAPM pide una investigación independiente y pública sobre el origen y alcance de los fallos, así como una evaluación externa del sistema de cribado, en coordinación con el Ministerio de Sanidad. También solicitan el refuerzo de recursos humanos y técnicos, especialmente en hospitales comarcales y zonas rurales, la revisión de los protocolos de comunicación con pacientes desde una perspectiva de género, y el reconocimiento del trabajo de Amama y de otras organizaciones de mujeres.
Asimismo, el Consejo demanda la elaboración de un informe de impacto de género por parte de la Unidad de Igualdad de la Consejería y una reparación pública hacia las mujeres afectadas. Insisten en que el compromiso con la mejora del sistema sanitario debe ser “firme, real y verificable”, subrayando la urgencia de medidas estructurales que eviten que errores similares vuelvan a producirse.
Desde el CAPM expresan su apoyo total a la asociación Amama, destacando su labor en la defensa del derecho a la salud de las mujeres andaluzas. La movilización del pasado sábado en Sevilla, respaldada por asociaciones de mujeres de toda la comunidad, simboliza –según señalan– “la fuerza y el compromiso del movimiento asociativo frente a la falta de transparencia institucional”.
“La salud de las mujeres no admite demoras ni silencios. Les corresponde a los poderes públicos responder con rigor, respeto y empatía”, concluyen las vocalías del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, firmantes del documento institucional.
