La exconsejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha afirmado este jueves que, de haber tenido conocimiento de los errores en el programa de detección precoz del cáncer de mama, se habrían tomado medidas para corregirlos. García, que actualmente ocupa la Consejería de Sostenibilidad, ha explicado que las asociaciones de pacientes le habían trasladado quejas por retrasos en citas de seguimiento posteriores a los tratamientos, pero no por demoras en pruebas diagnósticas complementarias tras mamografías con resultados no concluyentes. Entre las organizaciones mencionadas ha destacado Amama, colectivo que ha destapado las deficiencias y que ha asegurado haber advertido tanto a García como a los consejeros Jesús Aguirre y Rocío Hernández.
Durante un acto celebrado en Córdoba, la exresponsable de Salud ha señalado que su equipo ha mantenido reuniones periódicas con las asociaciones vinculadas al ámbito sanitario. Ha insistido en que, de haber tenido conocimiento de los fallos en el sistema de comunicación del cribado del cáncer de mama, estos se habrían solucionado de inmediato. Sus declaraciones han coincidido con un contexto de creciente preocupación pública tras conocerse las disfunciones en el programa de detección precoz, que ha afectado a miles de mujeres andaluzas.
La investigación del Defensor del Pueblo
Ese mismo día, el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha anunciado la apertura de una investigación de oficio para esclarecer el alcance del problema. La institución ha considerado que los fallos detectados en la comunicación de resultados podrían haber tenido repercusiones sanitarias relevantes y ha expresado su intención de determinar las causas, la magnitud del impacto y los posibles perjuicios ocasionados a las pacientes.
El organismo ha manifestado su consternación y profunda preocupación por los hechos conocidos. Ha indicado que la investigación tiene como objetivo contribuir a establecer responsabilidades administrativas y garantizar una reparación adecuada a las personas afectadas por la falta de información en el seguimiento médico.
El Defensor del Pueblo ha subrayado que es la primera vez en tres décadas de funcionamiento del programa que se ha abierto una investigación de carácter general y no limitada a casos individuales. Maeztu ha señalado que la alarma social generada, el reconocimiento público de las deficiencias y la necesidad de ofrecer una respuesta justa a las posibles afectadas han justificado la puesta en marcha de esta actuación excepcional.
