El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio tras detectarse graves irregularidades en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía. La investigación busca esclarecer las causas, el alcance sanitario y los posibles daños derivados de la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres participantes.
La institución ha expresado su consternación y preocupación por los hechos, que han salido a la luz tras los testimonios de mujeres afectadas y las manifestaciones públicas de la asociación Amama. La situación fue confirmada por responsables de la Consejería de Salud, quienes han indicado que al menos 2.000 mujeres con resultados “no concluyentes” desconocían su situación debido a que no se les había trasladado la información obtenida en sus mamografías.
El programa PDP-CM, activo desde 1995, realiza cada año alrededor de 450.000 mamografías a mujeres de entre 49 y 71 años. Es considerado uno de los programas de salud pública más consolidados de Andalucía y su objetivo es detectar lesiones en fases iniciales para mejorar el pronóstico, reducir la mortalidad y evitar intervenciones mutilantes.
Maeztu ha señalado que lo revelado pone en entredicho el principio fundamental del programa, que es garantizar la detección precoz mediante la entrega de información y la atención sanitaria oportuna. La falta de comunicación afecta especialmente a las mujeres cuyos hallazgos fueron catalogados como lesiones “dudosas” o “no concluyentes” (BI-RADS 3), que no recibieron información ni fueron citadas para completar el estudio o realizar seguimiento.
La situación, difundida por los medios de comunicación, podría comprometer el derecho a la protección de la salud y vulnerar la normativa sanitaria vigente sobre información clínica. La Institución advierte que la ausencia de comunicación no solo puede lesionar derechos, sino también generar pérdida de oportunidades asistenciales y daños evitables.
El Defensor del Pueblo ha pedido información
El Defensor ha recordado que el derecho de las pacientes a conocer los resultados de cualquier prueba diagnóstica está amparado por la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente. La vulneración de este derecho supone un incumplimiento de la normativa sanitaria y un riesgo para la salud de las mujeres afectadas.
Para avanzar en la investigación, la institución ha solicitado a la Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud (SAS) información detallada en tres bloques, incluyendo los procedimientos de comunicación de resultados y los mecanismos de seguimiento de las pacientes con hallazgos no concluyentes. Además, ha pedido conocer el resultado de la auditoría interna realizada por el programa.
La apertura de la investigación pretende esclarecer la magnitud del problema, determinar responsabilidades y garantizar que se tomen las medidas necesarias para asegurar que todas las mujeres reciban oportunamente la información sobre su salud, manteniendo los estándares del programa de cribado de cáncer de mama.