290 ancianos han fallecido en las residencias de mayores andaluzas en poco más de un mes. Desde que comenzó la pandemia se cuentan 931 personas ancianas fallecidas en estos centros en Andalucía y casi 3.600 personas contagiadas en este ámbito asistencial. Se dice pronto. Es lo que tienen los datos, que son fríos y no tienen rostro. Se han ido unos nueve abuelos y abuelas de media al día solo en apenas 30 y pico días desde principios de octubre. Si la tasa de mortandad a nivel general en la comunidad es de un 1,75%, la letalidad del virus crece hasta un 19% en los geriátricos. Son datos que se han expuesto este jueves, en el Parlamento andaluz, por boca de la parlamentaria socialista, y ex consejera de Salud, María Jesús Sánchez Rubio.
Una de las grandes vergüenzas sociales destapadas por la pandemia es cómo venían funcionando una mayoría de estos denominados aparcamientos de ancianos. A poco que la curva de la segunda ola de la covid es imparable en la comunidad autónoma, estas instalaciones, en su mayoría privadas, vuelven a depender del socorro urgente de lo público para evitar que se conviertan directamente en cementerios. Pasó la primera ola y ha entrado la segunda. La situación, empeora. ¿Qué falla? A lo mejor, el modelo, sostienen los expertos. Como publicaba recientemente la revista digital Ctxt.es, el 75% de las plazas en España (también en Andalucía) están en manos de multinacionales y fondos buitre, y anualmente mueven un negocio de 4.500 millones de euros.
Lógicamente, conociendo estas cifras, viendo la fragilidad de buena parte de estos centros, tras tanto invertido desde lo público, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP), siempre tan sui generis, ha defendido este jueves su gestión de esta crisis paralela a la gran crisis de la pandemia aseverando que “ni silencio, ni abandono”. Venía a cuento la respuesta tras una interpelación de Sánchez Rubio, quien se había hecho eco de la llamada de auxilio de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) para reclamar más medios a la administración pública para los geriátricos, públicos o privados. Tanto en unos como en otros, hay muchas situaciones críticas. “La federación de organizaciones de mayores, hace unos días, se quejaba amargamente a través de una carta al presidente Moreno Bonilla del silencio y del abandono de este colectivo en estos meses de pandemia, y dudaban de la respuesta que les fuera a dar porque ya se dirigieron al presidente el 11 de abril y el 24 de julio, y no hubo ninguna”, ha recordado la parlamentaria andaluza.
“Están devolviendo a personas con neumonía bilateral a las residencias, por ejemplo en Santiponce. ¿Cómo es posible?"
Aguirre, acto seguido, ha enumerado una especie de decálogo de la gestión seguida en estos meses: con las cifras de medicalizaciones de residencias (40 actualmente); más de 200.000 seguimientos desde el SAS; pruebas diagnósticas semanales a todos los trabajadores (429.342 test o PCR y 160.773 test de antígenos); y distribución de material de protección (más de 2,6 mascarillas y 1,5 millones de guantes). “Andalucía —ha recordado el consejero— es la comunidad autónoma con menos porcentaje de fallecidos en centros residenciales, el 88,3% está libre de covid, los resultados son malos en el sentido de que nada más que tengamos un único caso ya lo son”.
Por ello, ha instado a la socialista, aludiendo al resto de España —y dejando para el tendido otras de sus innumerables frivolités—, “mire usted, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo”. Aparte de la gracieta recurrente del consejero, lo que sí ha dado pavor es otro de los datos que ha aportado en su intervención Sánchez Rubio: “Están devolviendo a personas con neumonía bilateral a las residencias, por ejemplo en Santiponce. ¿Cómo es posible? No puede devolverse de los hospitales a las residencias a estos mayores tan frágiles…”. Muy inquietante y muy triste.
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