Roberto Macías, administrativo de UGT-A en aquel noviembre de 2012, cogió una memoria USB y tomó de los ordenadores del sindicato 22.500 archivos informáticos. Llegó a casa y los volcó en su ordenador. Según un juzgado, era "información reservada y sensible". Y tanto que lo era. En ellos, según se juzga, había facturas emitidas por proveedores de UGT-A. Ahora, un juzgado determinará su la cúpula del sindicato en Andalucía realizó y estaba al tanto de estas facturas.
El objetivo, grosso modo, era pactar unos precios ficticios con diversos proveedores para que pudieran entrar dentro de actividades subvencionables. Se pactaban márgenes que los proveedores debían devolver a UGT sin que constara en ningún sitio y que servían como vía de financiación para gastos ordinarios no subvencionables del sindicato. Es decir, UGT paga 100 bajo el amparo de una subvención a una empresa por un servicio que en realidad cuesta 95 y ese cinco restante se lo devolvían al sindicato.
La persona gracias a la cual se conoció esa actividad fue el ex administrativo Macías, que sería despedido un mes después de aquel volcado de datos. Según el juzgado y recogen Diario de Sevilla y Europa Press, mediante la práctica de las supuestas facturas falsas, la organización sindical habría defraudado subvenciones públicas por importe de más de 40,75 millones de euros. El ex empleado lo reconoció. Declaró en el juicio que su intención era "denunciar públicamente esos delitos, motivo por el que ofreció dicha información a los medios de comunicación, pero no a la Policía, juzgados o fiscalía, ya que sólo aquéllos le merecían confianza, según sus propias palabras, y para evitar posibles represalias de la que considera 'una organización criminal'".
El problema fue, principalmente, que acudió a medios de comunicación, por un lado, y que se revelaron datos de empresas privadas. "El acusado en ningún momento se ha servido de los canales de denuncia que se prevén", y "facilitó esta información, o al menos parte de ella, a determinados medios de comunicación con el fin de sacarla a la luz"
Desde finales de 2019, hay una directiva europea por la cual se exime de este tipo de responsabilidades a los alertadores de corrupción. Es decir, a esas personas gracias a las cuales se inician los procesos de investigación. El objetivo de la norma europea es sencillo: que no haya miedo a lo que popularmente se llama tirar de la manta, por miedo a que le pueda salpicar a uno. El problema radica es que al ser una normativa en proceso de armonización, España aún no la ha incorporado a su ordenamiento jurídico. Es decir, tiene la obligación de hacerlo, pero aquella norma salió del Parlamento Europeo el 23 de octubre, y adaptarla a la normativa de cada país, ponerla en sus leyes, tiene un proceso. Eso ha jugado en contra de Macías.
Según la sentencia, dicha directiva "aún no forma parte propiamente de nuestro derecho interno, pues está pendiente su transposición al derecho nacional", además de que tal directiva "prevé unos concretos canales de denuncia dentro de propia entidad o ante las autoridades competentes", es decir que "busca la protección de los denunciantes que realicen revelaciones públicas, pero exigiendo para ello que la persona haya denunciado primero por canales internos o externos".
Así, la sentencia dicta dos años de cárcel por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, señalando que la información filtrada por éste a los medios de comunicación afectaba "directamente a la esfera personal de los individuos que estaban siendo investigados" por el Juzgado de Instrucción número nueve, con la atenuante de dilaciones indebidas, toda vez que la Fiscalía reclamada para él tres años de prisión y UGT-A, como acusación particular, solicitaba cuatro años y que resarciese al sindicato con 60.000 euros por el "daño moral" causado al mismo.
Ahora, diversas organizaciones piden que la condena decaiga, que no se pueda juzgar a una persona que, en principio no irá a la cárcel por ser la pena de 2 años, debido a estos hechos que han destapado una presunta trama corrupta en UGT-A. Encabeza la lista de acusados Francisco Fernández, junto a otros cuatro líderes del sindicato en Andalucía. En abril se les abrió juicio oral por fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40.750.047,74 euros de subvenciones públicas. Las fianzas a afrontar suman esos 40 millones. El juzgado ha pedido a las empresas que den explicaciones. El estado de alarma ha impedido que prosiga el procedimiento mucho más allá por ahora. Roberto Macías declara que es gracias a él por lo que se sentarán en el banquillo.
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