Un porsche y acciones del Betis y del Sevilla, entre los bienes de los diputados andaluces

Una fotografía del Parlamento Andaluz durante esta legislatura. Foto: Parlamento de Andalucía.
Una fotografía del Parlamento Andaluz durante esta legislatura. Foto: Parlamento de Andalucía.

El Parlamento de Andalucía ha publicado esta semana la declaración de bienes y servicios de los 109 diputados andaluces, que puede consultarse al final de este artículo. La última declaración de este tipo, de la anterior legislatura, data de noviembre, pero supone una novedad para los numerosos diputados autonómico que estrenan escaño este año.

Con respecto al pasado otoño, poco ha variado la declaración de Juanma Moreno desde que fuera el líder de la oposición hace unos meses. El actual presidente de la Junta de Andalucía declara 7 propiedades: una vivienda en Málaga valorada catastralmente en 64.641 euros y una en Madrid con valor de 48.281 euros al 50% además de un local, dos garajes y dos inmuebles rustícos. En activos el líder popular tiene 8.500 euros en cuenta, un plan de pensiones con 17.254 euros y una hipoteca de 8.242 euros, también al 50%.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, tiene cinco propiedades: una vivienda en Cádiz al 50% valorada en 43.644 euros, dos garajes al 50% con valores de 4.594 y 2.291 euros, una finca rústica por 36.000 euros al 25% y un local al 33% por 126.000 euros. Entre sus activos figuran un coche Toyota de 22.900 euros, un fondo de pensiones de 3.768, un préstamo personal compartido de 2.058 euros y una hipoteca de 49.550 euros.

Sí ha cambiado algo más Susana Díaz, cuya última declaración fue objeto de polémica en precampaña electoral, por solo poseer 80 euros en la cuenta. En esta ocasión la líder socialista declara 2.746 euros en la lista corriente, una deuda bancaria de 87.961 euros así como 30.000 euros de depósito bancario, 5.323,32 euros de un plan social de diputados y 56,28 de un plan de pensiones personal. En propiedades, declara una vivienda de 14.212 euros y otro inmueble urbano de 5.274 euros además de un crédito hipotecario al 50% por valor de 89.014 euros.

Por otro lado, la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, declara una vivienda cuyo valor se ha multiplicado por tres. En la última declaración el inmueble estaba valorado en 16.000 euros mientras que ahora supera los 39.000 euros. Como activos, declara 7.697 euros en sus cuentas bancarias.

Un porsche y acciones del Betis y del Sevilla

El consejero de Educación y Deportes y diputado de Ciudadanos, Javier Imbroda, ex seleccionador nacional de baloncesto, figura entre los poseedores de un mayor patrimonio. Imbroda tiene una vivienda en Málaga por 124.799 euros, un local cuyo valor es de 240.717 y un Porsche Panamera, valorado en 25.545, así como una hipoteca de 46.386 y un préstamo de 9.087.

Ota de las circunstancias más curiosas de la declaración de los diputados andaluces se sitúa en torno a las propiedades de acciones de los dos clubes de fútbol más importantes de la comunidad: el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club. Dos diputados socialistas, Carmelo Gómez, y el ex consejero Antonio Ramírez de Arellano, sevillista y bético, respectivamente, poseen acciones de dichas entidades.

La declaración de bienes de los diputados andaluces pueden consultarse aquí.

Descartadas las posibles incompatibilidades de los diputados

Si bien en un primer momento, se ha estudiado la posible incompatibilidad de 17 diputados de la cámara por sus actividades laborales, ocho de los doce diputados del grupo parlamentario de Vox, todas han sido desestimadas este martes.

La Comisión del Estatuto de los Diputados ha resuelto que no aprecia incompatibilidad para que los parlamentarios que lo han solicitado puedan seguir desempeñando sus actividades privadas. El fallo ha tenido lugar después de que el pasado 27 de febrero este mismo órgano acordara posponer su decisión a expensas de recibir más información al respecto. Así, de los 17 parlamentarios, además de los ocho de Vox, lo han pedido cinco de Ciudadanos, dos del PP-A, uno del PSOE-A y otro de Adelante Andalucía.

Entre los diputados de Vox, ha trascendido que ha solicitado compatibilizar el escaño y su actividad profesional el presidente del grupo, Francisco Serrano, que ha declarado unos ingresos como abogado ejerciente en el 2018 de asuntos de Familia y Civil de 42.000 euros, según se refleja en la documentación facilitada por la Cámara autonómica sobre las actividades, bienes e intereses de los diputados andaluces de la XI Legislatura. Igualmente, declara participaciones en el despacho Serrano Abogados Servicios Jurídicos por un importe de 62.252 euros.

Ahora, la Comisión del Estatuto de los Diputados ha acordado que los 17 solicitantes puedan simultanear sus actividades parlamentarias con su profesión privada. Las reuniones del referido órgano se celebran a puerta cerrada, dado que las sesiones y trabajos de este órgano no tienen carácter público.

La reunión que tuvo lugar el pasado día 27 se saldó sin ninguna decisión cerrada al respecto y se acordó que el órgano volvería a reunirse dentro de dos semanas para intentar zanjar el asunto, como ha ocurrido este martes. Poder compatibilizar el escaño y el desarrollo de actividades profesionales es un asunto que no ha quedado exento de polémica sobre todo en lo que a las compatibilidades que han solicitado los representantes de Vox respecta, grupo que ha denunciado que haya existido una "filtración" sobre la necesidad de abordar la situación de compatibilidad o no de algunos de sus diputados para poder ejercer una determinada profesión, como la abogacía.

Para el partido de Santiago Abascal se ha vulnerado uno de los principios fundamentales y básicos del Parlamento como es el carácter secreto de la Comisión del Estatuto de los Diputados, porque se ha "filtrado una información" que además "no es cierta". También critica este asunto Adelante Andalucía, en boca de su portavoz parlamentario, Antonio Maíllo, que ha rechazado que ocho de los doce diputados de Vox hayan pedido compatibilizar sus escaños con la actividad profesional que desempeñan, así como ha urgido a abordar el "agujero" que, a su juicio, tiene la Ley electoral andaluza respecto a las incompatibilidades para evitar "el uso de los cargos públicos como elemento propagandístico de actividades profesionales y privadas".

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