Había una bolsa con la inscripción "presidencia del gobierno". Dentro, tres pares de pendientes dorados. También un collar con el nombre "José Luis R.Z." grabado, relojes Omega y Pierre Balmain, y decenas de piezas más. Lo que la Policía encontró el 19 de mayo en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro del caso Plus Ultra no era una colección menor, como se intentó transmitir en un primer momento. Eran más de 80 piezas entre collares, pulseras, sortijas, pendientes, gemelos, broches y relojes, con piedras preciosas auténticas certificadas por el Instituto Gemológico Español: zafiros, rubíes, esmeraldas.

La joyería y casa de subastas Ansorena, encargada por el juez de realizar el informe pericial, ha valorado el conjunto en 1.323.915 euros. La tasación ha sido adelantada por El Mundo. La pieza más valiosa es un collar en oro blanco con diamantes y dos esmeraldas naturales de Zambia, tasado en 278.000 euros. El segundo más caro es otro collar de oro blanco de 18 kilates con 13 zafiros de Tailandia acompañados de diamantes: 220.000 euros. El tercero, un collar con una banda de diamantes y una cascada de rubíes naturales talla oval tratados con vidrio de plomo acompañados por diamantes de talla brillante: 155.000 euros.La lista continúa. Una pulsera de oro blanco con dos rubíes naturales y montura cuajada de diamantes está valorada en 72.000 euros. Otra pulsera, también de oro blanco, con tres esmeraldas naturales de Zambia, asciende a 95.000 euros.

Todo esto contrasta con lo que dijo el portavoz autorizado por Zapatero, el periodista Luis Arroyo, días después del hallazgo: que las joyas valían entre 30.000 y 50.000 euros. Este mismo viernes, Arroyo ha pedido perdón públicamente por haber "inducido al error" en su propio nombre.

El nuevo frente judicial

Por todo este hallazgo y posterior peritación inicial, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar a Zapatero por dos presuntos delitos: uno fiscal y otro de contrabando. El origen de las joyas, según el auto, "en estos momentos no está justificado".

El razonamiento del magistrado es preciso. La posesión de bienes de lujo de ese valor, "unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante." Comprar joyas por más de un millón de euros genera obligaciones fiscales en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o IRPF. Si no hay rastro de ninguno de esos pagos, la Agencia Tributaria podría imputar una ganancia patrimonial no justificada, con un tipo marginal aplicable de en torno al 46%. La cuota defraudada superaría con creces el umbral de 120.000 euros que marca el umbral del delito fiscal.

El segundo delito investigado es el de contrabando. No se encontró en el despacho ningún justificante aduanero, ninguna factura de importación ni ningún documento de despacho de aduanas. Para el juez, esto impide descartar que las joyas "hubieran accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles." Las piezas superan "ampliamente" el umbral de 150.000 euros a partir del cual la ausencia de declaración pasa de infracción administrativa a delito penal.

Zapatero declarará el 17 y 18 de junio por todo

El auto abre esta nueva investigación como causa independiente para evitar lo que el juez llama "elefantiasis procesal", dado que los hechos relativos a las joyas tienen "naturaleza, estructura y posibles responsables distintos" de los investigados en la causa principal, que ya incluye delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.

Zapatero está citado a declarar los próximos 17 y 18 de junio. El juez ha dispuesto que en esa misma comparecencia deberá responder también por las joyas, además de por todo lo relativo al caso Plus Ultra y a los pagos de la consultora Análisis Relevante. El expresidente tendrá la oportunidad de "ofrecer las explicaciones que estime pertinentes y aportar la documentación que pudiera disipar la indiciaria ilicitud de la posesión de los efectos."