La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco en los pagos en efectivo que habría recibido el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el marco de la investigación del ‘caso Koldo’. Según un informe remitido al Tribunal Supremo, en poder de las principales agencias del país, parte de esas entregas se hicieron mediante sobres en la sede socialista de Ferraz, pero no todas aparecen reflejadas en la documentación oficial aportada por el partido.
Los investigadores señalan que, entre 2017 y 2021, Ábalos recibió liquidaciones tanto por transferencia bancaria como en metálico, con un total registrado de 19.638,97 euros en pagos de caja. Sin embargo, hay discrepancias: por ejemplo, en junio de 2019 el PSOE declaró un abono de apenas 321,29 euros, cuando en un sobre manuscrito con el nombre del exministro figuraban 826,73 euros.
En conversaciones intervenidas a Koldo García, exasesor de Ábalos, y a su entonces mujer, Patricia Uriz, se confirma que estos sobres se recogían en Ferraz. En uno de los mensajes, ella le decía: “Ya tengo el sobre de Ferraz”, a lo que él contestó: “El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro”.
Lenguaje clave
El informe añade un elemento llamativo: la pareja utilizaba un lenguaje en clave para referirse a los billetes de alto valor. Llamaban “chistorras” a los de 500 euros, “soles” a los de 200 y “lechugas” a los de 100. Los investigadores sostienen que estas expresiones buscaban ocultar la existencia de dinero negro, al que también se aludía como “folios” o “cajas de folios” cuando era el propio Ábalos quien lo pedía.
La UCO ha identificado además más de 95.000 euros en gastos sin rastro bancario, de los que 20.799,40 euros corresponderían a ingresos no declarados. Entre las salidas de dinero detectadas, figuran pagos a varias mujeres vinculadas al exministro. Según la Guardia Civil, las conversaciones entre Koldo y Uriz apuntan a una “contabilidad A y B” que gestionaba los desembolsos de Ábalos.
Todo ello se enmarca en una investigación que no solo afecta a Ábalos, sino también a otros dirigentes socialistas como Santos Cerdán, a quien el Supremo mantiene en prisión preventiva al considerar que aún faltan “pruebas relevantes” para esclarecer su papel en la trama.
