"Esto no va de díscolos o disidentes contra la dirección del partido, esto va, como denunció el presidente de Vox en Melilla —el ya dimitido Jesús Delgado Aboy—, de que aquí hay un negocio montado y los que hemos levantado el partido y hemos ayudado a sumar 52 diputados ya estorbamos". Un grupo de afiliados, y antiguos miembros con responsabilidad en la formación política en la provincia de Cádiz, se ha puesto en contacto nuevamente con lavozdelsur.es, sin querer que figuren sus nombres por temor a represalias, para hacer pública su enorme disconformidad por "la crónica de una jugada anunciada".
De hecho, el pasado 16 de diciembre, lavozdelsur.es ya anticipó lo que ha sucedido esta semana: las profundas grietas entre la base y la élite de Vox han acabado por forzar la dimisión de los miembros necesarios para desintegrar el comité ejecutivo provincial y designar a una gestora que encabezará Manuel Gavira, parlamentario andaluz por Cádiz.
"¿Dónde está Ortega Lara?, ¿qué fue de Alejo Vidal-Quadras?, ¿y de Juan Jara, cofundador de Vox? Del primero sabemos certeramente que no quiere ni una foto más con Santiago Abascal. Del segundo y el tercero, vieron que esto era un chiringuito bien montado y pusieron pies en polvorosa, como se suele decir. Santiago Abascal y sus amiguetes están blindados", denuncian, al tiempo que advierten de que "vamos a por Abascal, Monasterio, Espinosa de los Monteros, Tomás Fernández, e incluso Javier Ortega-Smith, que está perfectamente informado de todo lo que ocurre, y al que nos agarramos no hace mucho en nuestras esperanzas de ganar en democracia interna y de respeto a la figura del afiliado, pero que nos ha fallado por inmovilista".
Este polvorín no afecta solo a Cádiz, como se ha dicho. La situación se agrava provincia tras provincia, hasta el punto de que un porcentaje muy alto de la misma ya están en manos de gestoras. "El afiliado y la gente en general tiene que saber que nadie más que nosotros quiere a este partido, pero por el ideario que ha sido realizado minuciosamente para crear a miles de afiliados y simpatizantes, y por consiguiente mano de obra barata, decimos que Vox tienen muchas de nuestras ideas, pero todo no vale en la vida. Nos debemos a España, nos debemos a la gente, no a un negocio de amiguetes. La gente tiene y debe de saber que han intentado por activa y por pasiva cargarse al comité ejecutivo provincial desde Madrid, hasta en tres ocasiones", denuncian a este medio.
Según han relatado a este periódico las mismas fuentes, Juan Carlos Sanz, ya ex presidente provincial, estuvo en la sede de Madrid de Vox, "supuestamente, para que pusiera su cargo a disposición, y así, meter la gestora, a lo que él se negó, poniendo sobre la mesa el gran trabajo que se desarrollaba en la provincia". Tomás Fernández, vicesecretario de Organización y diputado por Huelva, y Jacobo Vázquez, que se ocupa de la dirección territorial en la zona sur, se desplazaron a Cádiz y "han terminado por convencer a algunos miembros para conseguir su objetivo, una práctica habitual". "¿Por qué esta práctica indecorosa? El objetivo era que dimitiera uno de los miembros, ya que el comité de ese modo no tendría, según estatutos, el mínimo suficiente para estar conformado y los mismos dan pie a la gestora". Al tercer empujón, Madrid consiguió su objetivo: "Si no dimitís todos, vais fuera del partido sin contemplaciones", han asegurado miembros del ya extinto comité que se les advirtió.
"Fortalecer y vertebrar la estructura provincial"
En un comunicado público, la dirección nacional de Vox ha agradecido el trabajo de la ejecutiva saliente —además de Sanz, Manuel González Bazán, Manuel Gavira, Antonio Palomar y Antonio García Prats— “que ha llevado a nuestra formación a ser la segunda fuerza política en la provincia de Cádiz en las elecciones del pasado 10 de noviembre, consiguiendo un resultado histórico al lograr dos diputados”. Según el partido, la nueva gestora tendrá como fin “fortalecer y vertebrar la estructura provincial como paso previo a la consolidación de nuestro proyecto político en Cádiz”.
"Y ante esto nos encontramos la mayoría de afiliados —añaden las referidas fuentes—, una cúpula que mediante gestoras crea un organigrama de gente afín, puesta a dedo, fuera de todo proceso democrático. Al igual que de nula democracia es el llamado comité de garantías, que es el garante de todo afiliado a ser escuchado, una vez metido en un proceso de expulsión del partido o de cualquier tipo de sanción, con el que se amedrenta a las bases". Como prueba más notoria, aseguran, está "el proceso de los que reventaron los comicios electorales a la alcaldía de Jerez, que no se ha ejecutado, habiendo ya prescrito. En cambio, se han realizado purgas de gente que ha osado levantar ciertas alfombras". En Cádiz, ultiman, "tenemos a dos diputados que nunca fueron elegidos por los afiliados: Agustín Rosety, que sí tiene capacidad y preparación, pero que calla y otorga ante lo evidente, y Carlos Zambrano.
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