El PSOE de Cádiz tiene un problema. Y no hablamos esta vez de líos y disputas por el control orgánico. Se trata de un problema muy serio, un problema de unos 150.000 euros en pagos de indemnizaciones, salarios de tramitación, seguros sociales y costas judiciales.
El grupo provincial del PSOE en la Diputación de Cádiz incluso podría verse ante un embargo judicial, según ha podido saber lavozdelsur.es, después de tener que afrontar la factura por dos condenas tras el despido de dos trabajadores de dicho grupo político en el verano de 2022, cuando Juan Carlos Ruiz Boix se hizo con las riendas de la institución provincial —cuando ya era secretario general de los socialistas gaditanos—.
Fue el momento en el que el también alcalde sanroqueño y diputado en el Congreso pasó a controlar los cargos de confianza de los socialistas, puestos que habían sido previamente contratados bajo el mandato de su antecesora, Irene García. El caso es que estos dos trabajadores —uno de ellos acababa de ser padre— fueron cesados de sus puestos y, "pese a nuestra voluntad negociadora", no tuvieron más remedio que acudir a la Justicia para hacer valer sus derechos, ya que "querían pagarnos como un fin de contrato, con un finiquito mucho menor, cuando era un despido".
Un año después, el pasado verano, el Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz dio la razón a ambos trabajadores y condenó al Grupo Político Socialista de la Diputación de Cádiz por ambos despidos, declarando la nulidad de uno de ellos y la improcedencia del otro.
En total, las indemnizaciones ascienden a unos 31.000 y 10.000 euros, a lo que hay que sumar los salarios de tramitación (los meses que pasaron desde el despido hasta la sentencia judicial), los seguros sociales y las costas judiciales. En total, aseguran los afectados —que prefieren omitir sus nombres—, unos 150.000 euros a lo que ahora debe enfrentarse el grupo PSOE en la institución gaditana.
Fuentes de la dirección socialista en Cádiz han asegurado a lavozdelsur.es que "dichos pagos ya se han acordado fraccionar, y el Juzgado lo ha autorizado", al tiempo que recuerdan, sin dejar de reconocer que es "una situación muy desagradable, porque al fin y al cabo son dos militantes del partido, que aunque en el grupo de Diputación la relación con los asesores tiene otras condiciones contractuales, no era razonable que unas personas que fueron elegidas por un proyecto político exigieran seguir cuando dicho proyecto había cambiado". Aun así, reconocen que "estuvo mal no sentarse a negociar con los afectados".
Ni al Cemac, ni a juicio: dejación total de la dirección del PSOE de Cádiz
Porque lo más sorprendente de todo el litigio es que en todos los hitos clave del conflicto laboral para reconducir la situación no compareció la dirección provincial del partido. No hubo contacto político para buscar un mal acuerdo mejor que un buen pleito. De hecho, ambos despedidos se quejan de que prácticamente las comunicaciones fueron nulas antes, durante y después de los ceses.
Ni antes de ir al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac) de Cádiz —noviembre de 2022—, ni tan siquiera durante los juicios por los despidos el pasado verano. "Se entendió que el Grupo Socialista de la Diputación perdía, por un lado, su defensa legítima y, por otro, una cuarta oportunidad para sentarse a negociar unos términos de despido ecuánimes", aseguran los afectados, que también advierten que la condena en costas tiene` que ver con la "mala fe" de no aparecer ni tan siquiera por el Cemac.
Así las cosas, en diciembre pasado, "tras medio año sin comunicación alguna", se solicitó la ejecución de sentencia y en enero pasado, en la vista por este motivo, "fue la primera vez que se envió un letrado por el grupo provincial socialista. El juez decretó ejecutar salarios de tramitación, indemnización por despido improcedente, costas y, en el caso de uno de los dos trabajadores, reconocimiento de los trienios". En febrero pasado, "nos vemos obligados, por silencio absoluto del Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz y de ningún dirigente del PSOE de Cádiz, ni de la portavoz del Grupo, a solicitar el embargo de bienes para hacer frente a la ejecución de la sentencia. Llegados a este punto, ya no es de recibo una negociación. Lo único que procede es ejecutar en base a derecho lo que a un trabajador por dignidad personal y laboral le pertenece".
Días después fue cuando Ana Carrera, secretaria de Organización y ya entonces al frente del grupo tras la renuncia de Ruiz Boix por su acumulación de cargos, llama a los afectados para tratar de llegar a un acuerdo. Año y medio después de los despidos y condenas judiciales firmes. Aun así, se accede a negociar y se establece un calendario de pagos. El Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz recibe mensualmente 42.800 euros, según está recogido en el BOP.
"Me duele como socialista —lamenta uno de los afectados— que en ningún momento se hayan tenido en cuenta los intereses de la sigla. Que toda esta situación se haya generado fruto de un capricho del secretario general del PSOE de Cádiz que es, quien a mi juicio, la organización a nivel autonómico y federal, debería reprimir sus malas decisiones y no perjudicar, siempre, al eslabón más débil de la cadena".
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