La Junta de Andalucía ha logrado este miércoles sacar adelante la convalidación del decreto con el que se aprobó la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias. Sin embargo lo ha hecho sin el apoyo del resto de grupos del Parlamento de Andalucía, con la única abstención de Vox y con muchas dudas por responder tanto en el plano político como en el plano legal. Además, el PP ha rechazado con sus votos que se tramite como proyecto de ley.
Y es que los servicios jurídicos de la propia Junta de Andalucía no están convencidos en su informe de que el método utilizado sea el más adecuado para realizar la reordenación de los servicios de prevención y extinción de incendios que pretende la Junta de Andalucía. Esta agencia va a provocar que los bomberos forestales del Plan Infoca vayan a pasar de la Agencia Amaya, dependiente de Medio Ambiente a esta de nueva creación, dependiente de Interior.
El argumento que ha esgrimido la Junta de Andalucía desde que inició los trámites para esta transformación ha sido el de la creación de un "mando único" para todos los servicios de emergencias. Es decir, Infoca, Protección Civil y 112 van a pasar a depender de la misma consejería. Una especie de 'UME' para hacer frente a las catástrofes que ocurran en la comunidad.
Pero la exposición de motivos del decreto y la propia intervención de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior y Simplificación Administrativa han dejado muchas cuestiones por resolver. Una de ellas es la separación de la prevención y extinción, algo que califican desde el PSOE como "inexplicable". Mientras Interior se hace responsable de la extinción, Medio Ambiente lo es de prevención.
Esta separación también siembra dudas sobre el futuro de los trabajadores en la resolución de estas labores. "Los trabajadores del Infoca prestan los servicios de prevención y extención. Cuando se activa el plan especial pasan de las actividades de prevención a las de extinción. Eso se puede hacer porque están en la misma agencia. Si están en distintas no se pueden hacer", advertía José Aguilar.
Este punto sobre los trabajadores ha sido clave en el debate que se ha llevado a cabo en el Parlamento de Andalucía y es que la separación de las labores también significa la separación de las plantillas. Sobre esto, los servicios jurídicos del Gobierno de Juanma Moreno ya han mostrado sus dudas en un informe. "Los trabajadores de Amaya actúan bajo el poder de dirección de la agencia que les emplea y desconocer esto con carácter general, fuera de situaciones de emergencias, podría interpretrarse como cesión ilegal de trabajadores", señalan los juristas de la administración.
Abuso del decreto
Esta división de competencias no es la única circunstancia que pone en duda la idoneidad de la norma. La forma utilizada también ha molestado a los grupos parlamentarios y ha provocado dudas en los mismos letrados de la Junta de Andalucía. "No vemos la justificación de urgencia por ninguna parte", afirmaba Maribel Mora, de Adelante Andalucía, mientras citaba a los servicios jurídicos de la Junta. La diputada andalucista considera que esta nueva agencia no es más que una medida electoralista.
José Manuel Jurado, de Por Andalucía, ha insistido posteriormente en esta idea tras recriminar al Gobierno de Moreno que reproche constantemente a Pedro Sánchez el "abuso del decreto". "En ningún momento se explica por qué tiene que ser a través de un decreto y no una ley donde los grupos parlamentarios hubiesen podido ofrecer sus puntos de vistas y los agentes sociales hubieran estado presente", reclamaba Jurado en su intervención.
El fantasma de la privatización
Las dudas sobre la separación de la extinción y la prevención también han provocado que la oposición y los trabajadores del Infoca deslicen la posibilidad de privatizar algunas labores. "Mientras yo sea consejero no se habrá privatización de recursos en materia de protección civil, emergencias e incendios forestales", exclamaba Sanz al comienzo de su intervención mientras solicitaba al resto de partidos que dejara de "meter miedo".
Lo cierto es que han sido los propios bomberos forestales los que han señalado esta posibilidad. Desde Infoca afirmaron que se habían enterado de esta nueva agencia en la presentación de la misma. Sin embargo, Sanz ha asegurado este miércoles que se celebraron dos reuniones. Grupos de la oposición, por su parte, denuncian que en estas reuniones no se escuchó a los trabajadores y no se resolvió las dudas.
En cualquier caso, el consejero de Presidencia ha anunciado que propondrá un equipo técnico entre sindicatos y representantes de la consejería para hablar semanalmente de la organización de la agencia. "Con nosotros no va a haber ni un paso atrás en los derechos de los trabajadores. Se avabzará en demandas históricas". La Junta ha explicado la necesidad de esta reestructuración con datos del mes de abril.
El Infoca se ha activado en un total de 76 ocasiones, mientras el año pasado fue en 22 durante el mismo periodo. 109 hectáreas ya han ardido, 100 más que el año pasado. "La situación debe servir para preocuparnos", comentaba Sanz. El consejero ha recordado que ahora mismo las restricciones sobre el fuego en Andalucía son las mismas que las que suele haber en julio y agosto.
La oposición ha acudido a las diferentes auditorías que la Junta de Andalucía encargó sobre los entes instrumentales. En ellas, las empresas encargadas de realizarlas hablaban directamente de privatizar algunos servicios. Entre ellos incluía a los bomberos del Infoca. Esta circunstancia ha puesto en alerta a los partidos de la oposición. "¿Va a acabar subcontratando servicios?", preguntaba Mora en su intervención. Jurado, por su parte, ha mostrado su desconfianza porque "ha tenido que leer hasta que no pretendía privatizar". Además, el PSOE ha acusado a la Junta de "oscurantismo" y de "abrir" la puerta a las privatizaciones con la reestructuración.
Vox, por su parte, ha ido en otra dirección. La extrema derecha teme que esta separación suponga una duplicidad de entes instrumentales que sirva para "eludir la responsabilidad entre sus consejerías cuando comience la temporada". También ha lamentado la falta de una memoria económica y el hecho de que no se haya contado con los grupos presentándolo como proyecto de ley.
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