En el fondo Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ya ha ganado. No se trata de las cantidades recaudatorias, sino de que el debate esté encima de la mesa. El líder de los populares andaluces ha sido capaz de hacerlo y monopolizarlo con su enfoque durante las últimas 48 horas. Un tema exclusivamente andaluz se ha convertido en el debate nacional a todos los niveles. De norte a sur y de este a oeste no ha habido un sólo político que no se haya pronunciado. El propio Gabriel Rufián irrumpía en el Congreso haciendo una metafora entre el Impuesto de Patrimonio y las Champions del Madrid.
Lo cierto es que las medidas aprobadas por la Junta de Andalucía en el Consejo de Gobierno han abierto un melón que hasta ahora sólo era propiedad de Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid era la única con este impuesto bonificado por completo. Ahora también lo es Andalucía. En palabras de su presidente, el objetivo es competir con la capital de España y para ello ya ha intentado persuadir a los empresarios catalanes para que residan en Andalucía.
El de Patrimonio no ha sido el único tributo modificado por el Gobierno de Andalucía. El Ejecutivo ha optado por deflactar un 4,3% los primeros tramos autonómicos del IRPF para "evitar que un incremento salarial implique una mayor tributación para el contribuyente". Esto quiere decir que un cambio de tramo subidas de sueldo no afectará a la tributación. Por otro lado, Andalucía también ha suprimido el canon del agua durante el año 2023. La estimación que hace la administración es de un ahorro de 400 millones aproximadamente. El Gobierno andaluz se ha defendido de las acusaciones de favorecer a los ricos poniendo el ejemplo de un matrimonio que gana 31.000 euros y tiene dos hijos, se ahorraría unos 400 euros al año. La supresión de Patrimonio, sin embargo, supone un ahorro de 5.500 euros aproximadamente para las rentas altas.
El terremoto provocado ayer por Moreno ha conseguido que el Gobierno de España entre al trapo. Y con él, la mayoría de comunidades que gobierna el Partido Socialista. A primera hora de la mañana, el ministro José Luis Escrivá manifestaba una opinión polémica, aunque aclaraba que era a "título personal". En ella señalaba que le gustaría recentralizar los impuestos para que las comunidades no compitieran entre sí. Estas declaraciones han sido desautorizadas por el Gobierno y recriminadas por la Junta de Andalucía. Un ministro rara vez se puede permitir hablar a título personal.
En la Junta le han pedido a Escrivá que no interfiera en las decisiones de Moreno, "no nos entra en la cabeza", ha dicho Carolina España, consejera de Economía y Hacienda, después de mencionar la Constitución y diversas leyes. La consejera también ha querido recordar que José Luis Rodríguez Zapatero ya suprimió Patrimonio en los años 2008, 2009 y 2010, en lo más duro de la crisis. Aunque lo hizo con caracter personal. En paralelo, Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, también se desmarcaba de las palabras de Escrivá, "no tengo nada que aclarar al respecto porque él mismo lo ha aclarado".
Acto seguido, Rodríguez ha entrado de lleno en la disputa señalando que es un debate que está "dispuesto a dar" el Gobierno. Quizás por ello, durante el día también se han manifestado los dos pilares económicos del Ejecutivo: Nadia Calviño y María Jesús Montero. La valoración de la portavoz ha sido más en términos políticos afirmando que el PP "despeja la duda" sobre las personas a las que defiende, calificando la medida como un "regalo fiscal" que no afecta a la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Calviño no se ha quedado atrás en lo que ya es una 'guerra' política entre los dos grandes partidos en un momento complicado para la economía, "dos comunidades autónomas se han embarcado en una competencia a la baja significada en la eliminación de los impuestos a las grandes fortunas", en referencia a Madrid y Andalucía. Una medida que ha calificado como "broma pesada" con la que no da "crédito". Por su parte, Montero ha sido más técnica señalando que la deflactación del IRPF va aumentar la inflación.
Los barones socialistas no se han quedado callados. Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias ha sacado un tema sensible: el mantimiento de los servicios sociales y públicos. El asturiano ha querido dejar muy claro lo que significaría suprimir este impuesto, "en Asturias pagan el impuesto de patrimonio 3500 personas, aquellos que superan 1 millón de euros. Que los ricos no lo paguen supondría renunciar, entre otras muchas cosas, a las ayudas a la natalidad, a la escolarización de 0 a 3 años o a 30.000 nuevas ayudas para pagar la luz". Por su parte, en Andalucía el PP no quiere ni oír que esto va a suponer una merma de los servicios públicos y así lo ha afirmado Carolina España. Horas antes, Juanma Moreno había anunciado un presupuesto de 45.000 millones para 2023.
Uno de los barones del PSOE con más autoridad es Ximo Puig. El valenciano, además, cuenta con el respeto de Moreno por la afinidad a la hora de solicitar una reforma en el sistema de financiación autonómica. Pero sobre esta cuestión Puig disiente de su homólogo andaluz, "un desarme fiscal no es la vía correcta en un momento de crisis como este". "De lo que se trata cuando hablamos de una bajada impuestos es de, primero, hacerlo con rigor y, después, saber a quién se le bajan los impuestos", ha concluido un presidente que ya ha insistido más de una vez con la armonización fiscal.
Vascos y catalanes rechazan la medida de Moreno
A pesar de que el PP se ha propuesto dar esta batalla con el apoyo de Vox - y así lo ha manifestado Alberto Núñez Feijóo -, lo cierto es que los populares no han encontrado el apoyo de los nacionalismos que tienen poder. Ni siquiera el PNV se ha puesto de lado de una medida que busca atraer inversiones del resto del territorio. Los nacionalistas vascos han afirmado que "no vamos a participar en la pesca de los ricos, no es esa nuestra política y, en segundo lugar, creo que la situación es lo suficientemente compleja como para que nos preocupemos de lo nuestro sin empezar a juzgar lo que otros hacen".
En Cataluña, donde el Gobierno lo lidera Esquerra Republicana de Cataluña, también han desautorizado la medida aprobada por la Junta de Andalucía. Además, la portavoz ha respondido a todas las referencias de Moreno a empresarios catalanes, "que dejen a los catalanes en paz. Cataluña decidirá sus impuestos siempre teniendo en cuenta las necesidades de los catalanes, no entrando en una subasta populista que no aporta nada". Posteriormente ha señalado que no temen la fuga de empresas que insinua Moreno.