Es público y notorio que el comportamiento y el discurso político, por desgracia, guarda poca coherencia entre lo que se dice cuando se está en la oposición de cuando se ejerce la responsabilidad de gobierno. Estos días, a propósito del gravísimo incendio de Sierra Bermeja se ha vuelto a comprobar.
Si el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha pedido estos días —este pasado lunes en Jerez— no entrar en "polémicas absurdas" sobre la gestión que su gobierno está realizando de la crisis tras el incendio en la sierra malagueña, con casi 10.000 hectáreas calcinadas, no concedió la misma gracia al anterior Gobierno de la Junta, con Susana Díaz al frente, cuando ardieron más de 8.000 hectáreas en Doñana, en el verano de 2017. Un incendio, por cierto, que también tuvo la mano del hombre en su origen y cuya instrucción judicial aún sigue viva.
"Las cosas no se han hecho bien en la gestión de los recursos para prevenir los incendios forestales; hay que hacer autocrítica y redoblar los esfuerzos y los recursos", decía entonces el jefe de la oposición y presidente del PP andaluz. El 1 de julio, apenas unos días después de declararse el incendio en Moguer, Moreno Bonilla afirmaba que la Junta había dejado de gastar 20 millones de euros en el mantenimiento de los cortafuegos", y exigía "responsabilidades; alguien tendrá que dar una explicación". Por ello, avanzaba en ese momento que iba a pedir que fuese la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, la que compareciese en el Parlamento.
Cuatro años después, es Moreno quien ejerce como presidente y quien es muy criticado, por ejemplo, por haber tardado cinco días en solicitar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (EME), pese a que en 2017 exigió su intervención coordinada con el Infoca. Pero es más, tampoco ha cumplido, más de dos años y medio después de llegar al cargo, con esas políticas previsoras que reclamaba a la Junta cuando estaba en la oposición. En 2017, Moreno valoraba que, "una cosa es apagar el fuego, en lo que tenemos que meter el hombro todos, y otra cosa es que, una vez que se ha apagado el fuego, pedir explicaciones de por qué se ha producido y si se han tomado las medidas preventivas adecuadas".
57 millones que debían ir a los bosques andaluces para prevenir, en el limbo
En mayo pasado, como publicó lavozdelsur.es, organizaciones como Asaja y la Fundación Savia reprochaban que, después de ocho años sin ayudas públicas, la Consejería de Agricultura, de la que depende también Medio Ambiente, publicaba la resolución de las ayudas forestales, procedentes de la convocatoria de 2019, y aunque había previsto un importe de 106.045.473 euros, solo se asignaron 63,1 millones, ya que se rechazaron 543 expedientes de posibles beneficiarios, dejándose sin cubrir un total de peticiones de ayudas por valor de 43 millones de euros.
Como confirmaban hace unos meses representantes del sector andaluz, del presupuesto con fondos europeos procedente del marco 2014-2020 para el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, la Junta no había sido capaz de invertir un solo euro en bosques. En la convocatoria de ayudas de 2018 para incendios forestales, que contaba con una cuantía de 14 millones de euros, tan solo se aprobaron 23 expedientes y se asignaron 127.384 euros, según las resoluciones publicadas por la Junta. Esto significa que en total la Consejería de Agricultura ha dejado sin asignar 57 millones de euros que debían de ir a los bosques andaluces y, en concreto, a la prevención de los incendios forestales. "Un verdadero desastre de gestión de la Consejería de Agricultura para un sector para el que desde hace ocho años no se ha convocado ninguna ayuda, algo que está afectando a nuestros montes y dehesas, que se están deteriorando y son cada vez más proclives a los incendios", denunciaban entonces los afectados por esta pésima gestión. Las consecuencias volvemos a sufrirlas estos días.