La Junta de Andalucía sigue sin sentirse especialmente cómoda a la hora de hablar de la Proposición de Ley sobre Doñana que los grupos parlamentarios Ciudadanos, Partido Popular y Vox han registrado en el Parlamento de Andalucía. Precisamente, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha acudido durante el día de hoy a la distinción entre grupo parlamentario y Gobierno para reducir el desgaste que este asunto le puede producir.
El presidente ha señalado a los periodistas que se estaban equivocando de interlocutor porque no era una propuesta del Gobierno, sino del Parlamento. Sin embargo, en lo que no se sabe si ha sido un lapsus o es que la distinción no estaba del todo amarrada, durante toda su intervención ha confundido Proposición de Ley con Proyecto de Ley. No es un detalle menor porque precisamente las proposiciones emanan de los grupos parlamentarios, mientras que los proyectos lo hacen desde el Gobierno. O la distinción es completa, o no hay distinción.
Pese a manifestar que él no era el interlocutor correcto para responder a las cuestiones, Moreno Bonilla no ha tenido problema en desarrollar todo el argumentario de la Junta de Andalucía sobre esta materia. Aun así, ha rechazado que su Ejecutivo vaya a emitir un informe, al menos de momento, sobre la Proposición de Ley porque "no es preceptivo". El portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, sí que dijo la semana pasada que habría un informe "en tiempo y forma".
Las respuestas de Moreno Bonilla llegan unos días después de que se conociera que la Comisión Europea tiene previsto llevar el tema al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propia Comisión ha amenazado al Gobierno de España con sanciones si se amplían los regadíos como está previsto. Para el presidente de la Junta eso es "futurología" ya que se trata de "supuestas multas" que se darían "si no se cumpliera la ley".
En el intento de transmitir que el Gobierno es ajeno a lo que se cuece en los grupos parlamentarios que lo sustentan y lo nutren, Moreno Bonilla ha contestado que han sido estos grupos los que han trasladado a la Junta una posible solución sobre la problemática de Doñana para que el Ejecutivo "la permita". En este sentido, el presidente también ha defendido que la Proposición de Ley "no habla de la ampliación de regadíos", pese a que supone regularizar 1.460 hectáreas.
Doñana como forma de "desarrollo económico"
"Se trata de ser gestor" o "proteger al Parque no puede significar convertirlo en una isla" son algunas de las frases que ha dicho Moreno Bonilla para defender que en Doñana haya actividad económica. No es la primera vez que lo dice ya que durante en su visita a Bruselas también fue uno de los argumentos que esgrimió, "no puede ser un muro de hormigón".
Según el líder del PP andaluz, ser de izquierdas no puede ser sinónimo de ser proteccionista del medio ambiente para añadir, posteriormente, la frase sobre ser gestor. El presidente ha querido recalcar que los que le conocen saben de su "fuerte conciencia medioambiental" y que lo fácil sería "no hacer nada", algo que, en su opinión, enconaría el problema. La Junta defiende que la solución pasa por una coexistencia del empleo, permitiendo el desarrollo económico, y la protección del parque, algo para lo que hay que actuar de forma "audaz".
En el intento de salir ileso ha mencionado las políticas de Suecia y Finlandia en temas similares, ha vuelto a repetir que los regadíos están a 30 kilómetros del Parque y ha acusado a otros gobiernos e instituciones de un "olvido de 30 años". "Ningún gobierno ha invertido tanto como este en Doñana", ha sentenciado durante una de las preguntas de los periodistas.
Para la presentación de la Ley, PP, Cs y Vox no contaron con la opinión de las asociaciones ni del resto de administraciones. El PSOE-A aún se mantiene en la tibieza, aunque el Gobierno de España se ha manifestado radicalmente en contra. Por su parte, la Unesco también ha advertido de los riesgos.
Sin embargo, y aunque no han contado con ellas para la elaboración, Moreno Bonilla ha insistido en que contará con estas organizaciones y que el Gobierno tendrá un "diálogo absoluto". De momento, desde la Junta se ha solicitado una reunión a la ministra de Medio Ambiente y otra al Comisario de Medio Ambiente en la UE.
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