Faltan menos de seis meses para las elecciones autónomicas en Andalucía y María Jesús Montero, candidata del PSOE-A a reconquistar San Telmo, sigue bregando con la suerte y la desgracia (según se mire) de ser vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez. La dirigente sevillana ha abierto el año electoral oficialmente en su tierra, en una interparlamentaria celebrada en la mañana de este sábado en Alcalá de Guadaíra, desmontando "falsedades y bulos" tras presentarse el documento para una nueva financiación autonómica.
La actual bicefalia de la dirigente socialista, muy discutida incluso en la clave interna de su propio partido, le ha llevado, en apenas 24 horas, a presentar como ministra, en Madrid, el nuevo modelo de financiación autonómica y a repeler, ya en Sevilla, la "barbaridad de mentiras" que quieren descarrilar cualquier opción de que pueda llegar a gobernar la Junta de Andalucía
La foto de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras es una especie de masa de árboles que no deja ver el bosque, lo que da munición a la derecha para seguir erosionando a la candidata andaluza. Sin embargo, esta ha insistido en que, lejos "de la barbaridad de mentiras y falsas noticias a partir de supuestos pactos de cesión a los independentistas", Andalucía recibirá más de 4.850 millones de euros de los 21.000 millones para todas las comunidades de régimen común.
Esto significa, siempre según el argumento de los socialistas, unos 850 millones más de lo que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, reclamaba a finales del año pasado tras conocerse hace año y medio el acuerdo de financiación singular con Cataluña.
Tras acusar al Partido Popular de querer tener "siempre un enemigo al que echarle la culpa de su incompetencia", Montero ha afirmado que "parece que le iba mucho mejor con el 'procés'", y ha abundado en que el PP "añora una etapa de conflicto en Cataluña" porque era "una situación en la que ellos entienden que se sienten más fuertes".
Frente a esta estrategia, pese a que haya incluso voces discordantes en el seno del propio PSOE —empezando por Emilio García-Page, barón castellano-manchego—, Montero ha defendido que el Gobierno central "no deja de trabajar, aunque algunos, permanentemente, intentan trasladar un fin de ciclo o legislatura", y ha sostenido que “ya quisieran los gobiernos del PP que dicen tener estabilidad ser la referencia internacional del Gobierno de España".
Ese trabajo ha desembocado en la propuesta de un nuevo modelo de financiación, que, según la ministra (y candidata del PSOE-A en las próximas autonómicas), "hace que todos los territorios de España ganen mejores y mayores recursos", y ayudará a que "en cada territorio se preste una atención sanitaria homogénea, o que la educación publica sea el ascensor social de los hijos de los trabajadores". Un blindaje de los servicios públicos que el PSOE quiere contraponer contra el modelo "privatizador" del PP de Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso —que se ha visto estos días en Buenos Aires con el presidente ultra Javier Milei—.
Un incremento de un 35% en Andalucía de los seguros de salud privados
En este sentido, Montero ha exigido a los gobiernos autonómicos que el dinero que van a recibir “vaya a lo público, que garanticen realmente la igualdad de oportunidades”, y no se destine “a amiguetes que se beneficien, a intereses privados que lo que buscan, como cualquier empresa, es maximizar el volumen de beneficios que tienen”.
“No hacemos un esfuerzo de 21.000 millones para que vaya a la Quirón o a las universidades privadas”, ha apostillado Montero, que ha exigido que se explique por parte de los presidentes autonómicos cuál será el destino de esos fondos y "se evite, como ha pasado en Andalucía, que haya un incremento del 35 % en los seguros de sanidad privada porque la renta que se ahorran los ciudadanos al no pagar un problema de salud o los estudios de sus hijos es lo que permite a la clase trabajadora dar un salto a clase media”.
María Jesús Montero ha llamado a la militancia socialista a difundir las medidas sociales que promueve su partido "ante el ruido y la idiotización de la política de resumir las cosas en dos titulares", de modo que se tiene que aplicar "la pedagogía que siempre acompañó a los proyectos socialistas". Además, ha afirmado que tienen que pedir perdón "todos los que les acusaron de que estábamos haciendo un acuerdo que traicionaba a Andalucía y beneficiaba a otros territorios".
A este respecto, ha destacado que un 23 % de los fondos irán a parar a la Junta, de modo que "dónde está el supuesto agravio" y ha preguntado al presidente andaluz, Juanma Moreno —que ha denunciado que la foto de Sánchez y Junqueras "rompe la igualdad" entre los españoles—, "qué excusa va a poner, cuando en noviembre dijo que lo que le pedía eran 4.000 millones de euros. Si quiere ser coherente, diga que este modelo de financiación es bueno para Andalucía".
Asimismo, ha rechazado las críticas de electoralismo sobre el nuevo reparto de fondos y ha apuntado que “cuando el PP tilda de electoralista una propuesta es porque es buena”, pero esta en concreto “no es electoralista, es viable”, ha remachado.
¿En qué consiste el nuevo modelo de financiación autonómica?
El Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa este pasado viernes una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, una cuestión bloqueada desde 2014 y que había acumulado un notable desgaste político. El documento apunta a un nuevo esquema que se presenta como una evolución del modelo vigente más que como una ruptura. En la práctica, el Gobierno prevé más recursos para todas las comunidades, una mayor cesión fiscal y un ajuste que permita reducir las brechas territoriales en materia de financiación.
La negociación ha tenido un marcado componente bilateral entre el Ejecutivo y ERC, lo que ha otorgado a Cataluña un papel relevante en la definición del diseño final. Desde ERC insisten en que se avanza en el principio de ordinalidad, una demanda histórica para evitar que las regiones más ricas bajen posiciones tras la redistribución de recursos.
El planteamiento del Ejecutivo también descarta la posibilidad de un cupo catalán, una fórmula que se deslizó y que hubiera supuesto un sistema fiscal asimilable al vasco-navarro. Esa renuncia ha motivado el rechazo de Junts, que considera insuficiente el alcance de la reforma y denuncia que el modelo no refleja el autogobierno fiscal que defendía. A pesar de ello, el Gobierno subraya que la reforma será generalizable al resto del Estado y que no supondrá privilegios exclusivos. El paquete de cambios busca modernizar un sistema ampliamente cuestionado por los territorios más infrafinanciados y por aquellos que aportan más al conjunto del Estado.
Aun así, la reforma se enfrenta a un escenario complejo: deberá recabar apoyos parlamentarios, sumar a autonomías gobernadas por distintos colores políticos (un 70% del PP) y superar años de bloqueo administrativo.