El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha acusado este martes al anterior Gobierno socialista de haber "ocultado" a 34.000 andaluces en las listas de espera de atención a la dependencia. Esta cifra se suma al más de medio millón de personas en las listas de espera de la sanidad pública denunciada semanas atrás por el nuevo Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos (Cs).
Bendodo ha iniciado la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno dando cuenta de un informe de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sobre el "colapso" de la atención a la dependencia en Andalucía, que refleja que hay más de 212.000 personas atendidas y más de 109.000 "pendientes de ser atendidas" por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), lo que supone "34.000 más de los reconocidos por el gobierno socialista".
El titular de la Presidencia ha asegurado que la Junta tiene la obligación de "denunciar" este "nuevo engaño" del anterior Gobierno del PSOE-A, aunque su prioridad será "corregirlo" con la puesta en marcha de un plan de choque valorado en 77 millones de euros.
El consejero de la Junta de Andalucía Elías Bendodo ha sido muy crítico con el anterior ejecutivo
"Tenemos la obligación de contar todo lo que nos hemos encontrado al llegar al Gobierno andaluz y esta es la situación que hemos recibido", ha añadido Bendodo, que ha destacado que estas 34.000 personas "ocultas" en las listas de espera de dependencia se han registrado "pese a que el anterior Ejecutivo creó una Agencia específica para la dependencia con un plantilla de 2.000 personas".
"Un gran fraude oculto"
Bendodo ha señalado que este "gran fraude social oculto" por el anterior Gobierno socialista en Andalucía esconde "verdaderos dramas humanos y situaciones de emergencia de familias que esperaban una respuesta de la Junta y sólo encontraron un engaño masivo".
Por su parte, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, quien ha comenzado su intervención en la rueda de prensa recordando a la mujer agredida por su pareja en Bollullos Par del Condado (Huelva) y que continúa muy grave en el Hospital Virgen del Rocío, ha señalado que la situación de estas listas "ha conmovido a todo el consejo" y ha asegurado que "es vergonzoso" saber que hay tantas personas aún en esta situación.
Así, ha incidido en el "colapso" de las listas de espera en dependencia "por un incumplimiento total y absoluto por parte de la Ley de Dependencia desde hace 12 años, incumpliéndose el plazo de seis meses", al tiempo que ha lamentado que ha existido "una dejación de funciones", pero sobre todo, "un falta de humanidad que da vergüenza".
Isabel cuida de su hija, de 14 años, considerada gran dependiente. FOTO: MANU GARCÍA.
Ruiz ha explicado que el informe presentado este martes en el Consejo de Gobierno "ha sido bastante difícil de conseguir porque no ha habido transparencia" debido a la "opacidad" del anterior gobierno, "una falta de transparencia que hace que haya dos listas de espera, la que aparece en la web de la consejería y la que no aparece, personas que existen y no aparecen".
313 niños grandes dependientes "esperando en su casa"
La consejera ha indicado que existen un total de 75.097 personas con grado de dependencia reconocido, pero pendientes de que se les realice el PIA, para poder disfrutar de algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia. De este modo, ha añadido que en el caso del grado III, grandes dependientes, "hay 8.196 personas esperando en su casa, de las que 313 son menores", mientras que valorados con el grado II, dependencia severa, "hay 17.229 personas esperando" y con el grado I, "esperan 49.672".
En ese orden, ha manifestado que este informe ha concluido que "34.373 andaluces que no están contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente". Son personas que han presentado su solicitud, pero están pendientes de ser valoradas para determinar su grado de dependencia.
Igualmente, Rocío Ruiz ha puesto en valor el plan de choque previsto con una inversión de 77 millones, de los que ha subrayado que "la mayor parte irá para ayuda directa para prestaciones de los usuarios".
Este plan de choque tiene como objetivo simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios. Se prevé aunar en un único procedimiento los trámites para el reconocimiento de la situación y para la concesión de las ayudas, que actualmente se gestionaban por separado y por fases.
Entre la batería de medidas que se llevarán a cabo están potenciar la digitalización para avanzar hacia el procedimiento electrónico; facilitar la interoperabilidad con otros sistemas que tengan relación con la dependencia; revisar los criterios de gestión y los protocolos de actuación, y mejorar la coordinación entre el sistema social y sanitario.
Con respecto a la digitalización en el ámbito de la dependencia y los servicios sociales, una de las medidas destacadas será la implantación de un Sistema de Información Integral de Gestión de la Dependencia que permita agilizar el procedimiento. Así, tanto las administraciones como las entidades prestadoras de servicios podrán acceder a la misma base de datos en tiempo real y colaborar entre sí.
Facilitar el acceso
En este sistema se podrá compartir la información y documentación digitalizada, facilitando su acceso a la ciudadanía mediante la ventanilla electrónica. Además, propiciará la interoperabilidad con cualquier sistema relacionado, como, por ejemplo, los de salud o empleo. Todo ello redundará en la disminución del tiempo de espera, al agilizarse el procedimiento administrativo.
Otro de los objetivos marcados será acelerar la incorporación al sistema de las personas que tienen reconocido el grado de dependencia moderada, que es el que menor cobertura tiene en la actualidad.
Como parte del plan de choque, se revisarán los criterios de gestión y los protocolos de actuación con objeto de mejorar la coordinación entre el sistema social y sanitario, y también con las corporaciones locales, encargadas de la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios.
Otra de las novedades será la aplicación de un sistema de evaluación continua, que permitirá el seguimiento de su funcionamiento, redefiniendo así competencias entre las distintas administraciones que intervienen en el procedimiento; rediseñar los circuitos de intervención para que ganen en eficacia y se agilice la valoración y elaboración del PIA, simplificar los trámites y la documentación solicitada y, por último, la posibilidad de unificar el procedimiento.
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