El Juzgado de Instrucción nº 1 de Barbate ha abierto diligencias contra Rafael Quirós (PSOE), anterior alcalde de Barbate y Migue Molina (AndalucíaxSí), actual alcalde del municipio; así como contra Aqualia, la empresa especializada en la gestión del ciclo integral del agua. De esta forma, el juez ha admitido una denuncia que llegó a través de la Fiscalía Anticorrupción y que advierte de presuntos fraudes en la concesión de los contratos entre la corporación municipal y la empresa de suministro. La Fiscalía señala tres posibles delitos: estafa continuada, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La denuncia también menciona un supuesto acuerdo entre los responsables políticos entre 2012 y 2017 y Aqualia para "alterar las tarifas de abastecimiento, saneamiento y depuración del servicio, con el consiguiente beneficio extracontractual y en detrimento de los ciudadanos de Barbate. Ambas cuestiones han sido detectadas a través de una audiotoría de la gestión del servicio municipal de aguas de Barbate durante dicho periodo.
El escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso lavozdelsur.es señala una vulneración de la Ley de Contratos del Sector público. En dicho escrito se menciona la existencia de un primer contrato el 20 de marzo de 2012 que se licitó como contrato de emergencia y para un año de duración. Además fue negociado y sin publicidad. Aunque hubo cuatro empresas invitadas, sólo se presentó Aqualia, según explica la denuncia.
El Ayuntamiento adjudicó el suministro a esta empresa por 700.000 euros y con el compromiso de mantener las tarifas vigentes de aquel momento. El segundo contrato también se tramita de urgencia a pesar de que se establece una concesión de 25 años. La denuncia señala que "ya no operaría esa preumra porque regía un contrato anterior de un año".
La otra cuesitón que se trata en la denuncia es el incremento de las tarifas. En el escrito de la Fiscalía se afirma que el 20 de marzo de 2012, Aqualia se comprometió a mantener los precios durante un año. Sin embargo, el Pleno del Ayuntamiento de Barbate aprobó dos meses después el incremento de las tarifas, según los denunciantes. Estas tarifas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia en agosto "no siendo ni las que se contendrían en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la concesión de 25 años (...) ni las aprobadas el 14 de mayo de 2012". "Nos encontraríamos con un escenario de tres tarificaciones diferentes, aplicándose injustamente la de mayor cuantía", expresa la denuncia de Anticorrupción. Por otra parte, los denunciantes señalan que comenzaron a aplicarse antes de lo que hubiera correspondido por ley.
El documento también incluye la sustitución "injustificada" de los contadores en el periodo descrito "con aplicación indebida, unilaterla, no consensuada y permitida por el Equipo de Gobierno municipal". La cuestión fue denunciada en 2015 y provocó que la concesionaria devolviera el importe aunque, señala la denuncia, que "sin reconocimiento de intereses o recargos". Con estos hechos, la Fiscalía considera que existen indicios "de una estafa continuada llevada a cabo por la concesionaria y tolerada por el consistorio". Las estimaciones realizadas afirman que podría llegar a los 4 millones de euros. Los denunciantes acusan al Ayuntamiento barbateño de omitir la labor inspectora sin que haya abierto "ningún expediente sancionador o en su caso, la resolución del contrato que une al consistorio con la concesionaria".
Tranquilidad entre los imputados
Este medio se ha puesto en contacto con los investigados para conocer sus versiones sobre los hechos y la situación actual. La defensa de ambos alcaldes señala que la denuncia se basa "en un hecho erróneo de los audiotores". Además, defiende que le corresponde a la Intervención municipal denunciar estas irregularidades, si es que las hubiera. "La intervención dice expresamente que en ningún momento de la adjudicación de las actuaciones existe algo que se haya realizado incorrectamente con respecto al contrato", expresa el abogado de la defensa.
La investigación aún se encuentra en una fase embrionaria. El juez ya ha tomado declaración a los denunciantes y próximamente será el turno de los imputados. "En ningún caso hay motivos, ni razón para continuar adelante con el procedimiento porque queda claro que conforme a lo que es una actividad pública el control de una actividad pública es de la Intervención", explica la defensa los acusados a este medio. Además, señala que "el alcalde actual está muy tranquilo" porque "se hicieron las cosas correctamentes y los técnicos lo dijeron". Este abogado recuerda que una denuncia similar se archivó en 2021 y que existen "intereses personales" tras estos intentos. "Hay muchas cuestiones que caen por su propio peso", sentencia.
Por su parte, Aqualia, cuyo director en Andalucía también tendrá que comparecer ante el juez de instrucción expresa su "tranquilidad" porque "somos muy transparentes y colaboramos con la justicia sin ningún tipo de problema". La empresa habla de "denuncias infundadas" porque "vienen de un planteamiento ideológico" y confía en demostrarlo en la sala. "Nos tomamos en serio el proceso judicial, pero tenemos la conciencia tranquila".
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