La Mesa Social del Agua de Andalucía ha denunciado lo que considera una deriva de privatizaciones en la empresa pública del agua Emasesa. En un informe, denuncian desde las tarifas que pagan hogares y alojamientos turísticos hasta las inversiones, la contratación de empresas privadas, el funcionamiento del Observatorio del Agua y el posible impacto sobre el Guadalquivir de la reapertura de explotaciones mineras. La plataforma está integrada por CCOO, UGT, COAG, UPA, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción Andalucía, Aeopas, Facua, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y la Red Andaluza de la NCA.  "Defender una Emasesa pública es garantizar su financiación, incentivar el ahorro y exigir que los consumos más elevados contribuyan adecuadamente al servicio. La próxima sequía se combate ahora, cuando todavía tenemos agua", señalan desde este colectivo.

Uno de los principales puntos de fricción está en las tarifas. A partir de la Memoria Tarifaria para 2027, la Mesa señala que Emasesa prevé suministrar un 6,76 % más de agua que en 2024 y reclama que la recuperación de las reservas se utilice para consolidar el ahorro antes de futuros periodos de sequía. El turismo ocupa una parte central de sus críticas por cómo se está abordando. La Mesa señala que Emasesa justificó durante la reforma de 2024 y 2025 una tarifa específica para hoteles y alojamientos turísticos debido a unos consumos por persona que calificó de "muy superiores a los de la población residente". Los incrementos anunciados fueron del 22% en 2024 y del 18% en 2025. Sin embargo, la plataforma cuestiona que la categoría turística ordinaria siga teniendo un precio variable uniforme, sin incorporar nuevos escalones a medida que aumenta el consumo por huésped.

La Mesa Social del Agua cuestiona la diferencia entre las tarifas domésticas y turísticas. Según sus datos, cuando una vivienda supera los 130 litros por habitante y día, cada 1.000 litros adicionales cuestan 4,891 euros sumando abastecimiento, vertido y depuración, frente a los 2,285 euros de la categoría turística ordinaria. La plataforma aclara que son precios variables de categorías distintas y no facturas completas, pero critica que el turismo no tenga bloques progresivos conforme aumenta el consumo.

También señala que determinados grandes suministros turísticos, con contadores de al menos 80 milímetros, pueden obtener una bonificación del 30% en abastecimiento por el consumo realizado entre las 22.00 y las 6.00 horas, algo que no existe para las viviendas. Por ello pide revisar estos incentivos y publicar datos sobre consumo por huésped y pernoctación.

Emasesa responde que la estructura tarifaria actual fue presentada en octubre de 2023 en el Observatorio del Agua, donde participaron estas entidades "y no objetaron nada". Añade que no ha recibido ninguna petición formal de modificación y remite el debate a las mesas técnicas del propio Observatorio.

La Mesa cuestiona además los bloques domésticos. Antes de 2024 se diferenciaba entre consumos de 130 a 150 litros por persona y día y los superiores a 150; ahora el último tramo comienza en 130, de modo que los litros consumidos por encima de esa cifra tienen el mismo precio marginal tanto si un hogar llega a 150 como a 200 o 250 litros.

Por eso reclama datos sobre los hogares que superan los 130, 150, 170 y 200 litros diarios por persona y pide que Emasesa haga pública su posición ante la reforma del Reglamento de los Servicios del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano. AEOPAS defiende en ese proceso más bloques progresivos y límites efectivos a las cuotas fijas.

Las inversiones

La Mesa señala que los pagos registrados descendieron desde 45,36 millones de euros en 2024 hasta 36,95 millones en 2025, una reducción del 18,54 %. La propia plataforma reconoce que esta caída no demuestra necesariamente que se haya ejecutado menos obra, pero reclama certificaciones, actuaciones terminadas y una programación plurianual que permita conocer su evolución. Entre el 1 de enero y el 14 de octubre, según la empresa, se han revisado y limpiado 101.746 imbornales mediante 2.755 actuaciones. Además, se han realizado 635 intervenciones de limpieza de colectores que han permitido actuar sobre 456,6 kilómetros de red de saneamiento. Estas labores de conservación han supuesto más de 2,6 millones de euros.

La empresa añade 140 actuaciones de limpieza y mantenimiento en depósitos de retención de aguas pluviales, pasos inferiores y estaciones de bombeo, junto a 732 acciones preventivas sobre equipamiento eléctrico y electromecánico. A ello suma aproximadamente 42 millones de euros en obras finalizadas o en ejecución durante 2026 dirigidas a aumentar la capacidad de drenaje y reducir puntos vulnerables en Sevilla y su área metropolitana.

Entre las intervenciones están Pagés del Corro e Ifni, en Sevilla; Burgos, Félix Rodríguez y Lepanto, en San Juan de Aznalfarache; Vereda Chapatales y Carretera Bética, en San José de La Rinconada; Nuestra Señora del Águila, en Alcalá de Guadaíra; Nuestra Señora del Pilar, en Mairena del Alcor; y Tajo, en Dos Hermanas. Emasesa señala igualmente la nueva estación de bombeo de aguas pluviales de Anaya y Maldonado, cuya entrada en funcionamiento está prevista para noviembre, y las actuaciones del Tiro de Línea, ya adjudicadas y pendientes de inicio.

Contratos y postura ante los vertidos del Guadalquivir

Por otra parte, la Mesa del Agua cuestiona la adjudicación a una UTE constituida por Hidralia y Veolia de la explotación, mantenimiento y conservación del complejo ambiental de Copero, la EDAR Adriano y varias estaciones de bombeo, por más de 18 millones de euros y durante varios años. Es una deriva "privatizadora" para los miembros. Emasesa, por su parte, sostiene que no se trata de una fórmula nueva. "Se trata de un contrato de carácter sucesivo, que lleva realizándose periódicamente desde hace más de 25 años con las mismas características, cuya ejecución han realizado distintas empresas, la que ha ganado la licitación en cada momento, y cuyas características básicas y forma de contratación no ha variado en todo este tiempo", explica la empresa.

Fuentes de la Mesa del Agua advierten también de que Emasesa apenas ha hablado en estos años de la reapertura de minas que puedan afectar al Guadalquivir y, particularmente, qué consecuencias podrían tener los posibles vertidos asociados a la reapertura de la mina de Aznalcóllar sobre el estuario y el abastecimiento. 

Consultada sobre esto, desde Emasesa señalan que las autorizaciones ambientales de las instalaciones mineras y sus vertidos corresponden a la Junta de Andalucía. La vigilancia, control y gestión del dominio público hidráulico del Guadalquivir, incluido el estuario, depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, mientras que la autoridad sanitaria competente supervisa la calidad del agua destinada al consumo humano.

En cualquier caso, Emasesa insiste en que no utiliza actualmente agua del estuario del Guadalquivir para abastecer de agua potable a la población. Las captaciones destinadas al suministro proceden de recursos regulados de su sistema de embalses, que "en ningún caso reciben agua del Guadalquivir", por lo que ofrecen un mensaje de tranquilidad. Emasesa asegura igualmente que dispone de sus propios sistemas de vigilancia, control y tratamiento para garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios del agua suministrada.

Por su parte, fuentes del gobierno municipal de Sevilla que dirige José Luis Sanz -a la sazón presidente de Emasesa- manifiesta su "compromiso con la protección del medio ambiente, la salud pública y la seguridad hídrica de Sevilla, manteniendo una actitud de colaboración con el resto de administraciones competentes y exigiendo el máximo rigor en la evaluación y control de cualquier actuación que afecte al río Guadalquivir"