El Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia número 13 de Sevilla ha acordado el archivo de las querellas presentadas por el PSOE y Podemos en relación con los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de la covid-19 con clínicas privadas, al no apreciar indicios de delito en su tramitación.
El auto, dictado el pasado 22 de enero por el magistrado José Antonio Gómez, concluye que no existen “elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito”, tal y como sostenían ambas formaciones políticas en sus escritos.
La primera querella fue presentada por 30 diputados del PSOE en noviembre de 2024, a la que posteriormente se sumó otra de Podemos. Ambas ponían en cuestión el mantenimiento de los contratos de emergencia sanitaria, por un importe total de 242 millones de euros, cuando, según los querellantes, ya se daba por finalizada la situación que justificaba estas contrataciones excepcionales.
El juez avala las “circunstancias excepcionales”
En su auto, adelantado el diario ABC, el juez descarta que la prórroga de los contratos obedeciera a un intento de eludir la normativa vigente, y considera que los expedientes estaban justificados por las “circunstancias excepcionales” derivadas de la gestión sanitaria.
Las querellas iban dirigidas contra la actual gerente del SAS, Valle García, y sus antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, a quienes se acusaba de haber evitado el control legal ordinario de los contratos de servicios sanitarios.
La resolución judicial llega apenas unos días después de que declarara como testigo la actual consejera andaluza de Sostenibilidad Ambiental, Catalina García, quien fue viceconsejera de Salud durante el periodo en el que se modificó el sistema de control previo de estos contratos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Durante su comparecencia ante el juez, García atribuyó la decisión de cambiar el sistema de control a los técnicos, aunque estos habían señalado previamente a los responsables políticos como impulsores de la medida.
Reacciones políticas tras el archivo
Fuentes de Podemos han señalado a EFE que, aunque aún no han sido notificados oficialmente del auto, tienen intención de recurrirlo.
Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha exigido al PSOE, a través de un mensaje en la red social X, que pida perdón y se “trague sus falsas acusaciones de corrupción”, acusando a los socialistas de haber querido “usar la tragedia del covid” para atacar al Gobierno andaluz.
En términos similares se ha pronunciado el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, quien ha afirmado que PSOE y Podemos “intentaron convertir el dolor del covid en un arma política contra el Gobierno de Juanma Moreno”, calificando la actuación de “fango, ruido y crueldad”.
