El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha abierto una investigación sobre otro posible fraude en contratos del SAS entre 2020 y 2021. Se trata de la tercera causa de este tipo en Andalucía tras las ya conocidas en Sevilla y Cádiz.
El auto, al que ha tenido acceso EFE, acuerda incoar diligencias previas de carácter criminal "tan solo, y de momento, en cuanto a los delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y fraude contra la administración".
No obstante, el magistrado advierte de que “la posible imputación de nuevas infracciones criminales, en concreto malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal, o a nuevos expedientes administrativos distintos a los descritos como objeto de concreta investigación, dependerá de la evolución de las actuaciones".
La resolución judicial parte de la denuncia presentada el pasado octubre por el PSOE, a partir de una querella del 30 de octubre, contra la plataforma logística del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, al considerar que hubo un abuso “generalizado” de contratos menores con las mismas sociedades privadas y por los mismos servicios, “para tratar de eludir el procedimiento ordinario”, lo que vulneraría la Ley de Contratos del Sector Público.
La denuncia socialista señalaba a la actual gerente del SAS, Valle García Sánchez, por su condición de directora-gerente de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Reina Sofía en las fechas sobre las que versan los hechos.
El auto recoge la relación de todos los expedientes de contratación realizados en 2020 y 2021 y reclama a la Plataforma Logística Sanitaria “copias íntegras de los expedientes de contratación” investigados. A la Intervención Provincial del SAS le solicita copia de “los informes emitidos por cada uno de los expedientes” donde figuran las irregularidades denunciadas.
Además, el juez pide a los servicios jurídicos del SAS un informe sobre la normativa aplicable a contratación menor o de emergencia y la justificación de esas modalidades. También reclama identificar al personal técnico que tramitó los expedientes y, en su caso, “criterios para selección de posibles licitadores en contratación menor o por trámite de urgencia”.