La consejera andaluza de Sostenibilidad, Catalina García, ha declarado este martes como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga el cambio de control aplicado a los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia.
García, quien fuera consejera de Salud, ha atribuido a la decisión de los técnicos el paso de la fiscalización previa al denominado “control financiero permanente”.
Su comparecencia se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que también solicitó la declaración del exviceconsejero de Hacienda Roberto Ochoa. Según fuentes judiciales, ambos han defendido que el control financiero permanente ofrecía un seguimiento más amplio que el que permitía el sistema basado en el “muestreo” de la fiscalización previa.
Contexto de la investigación judicial
La solicitud de la declaración de Catalina García responde al periodo en el que ejerció como viceconsejera de Salud, antes de asumir la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en 2024. Tanto ella como Ochoa han negado haber acordado sustituir durante el Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020 el sistema de control, en un momento marcado por la urgencia de la pandemia.
La investigación se remonta a una testifical de Amelia Martínez, actual viceconsejera de Economía, que en octubre de 2020 era Interventora General de la Junta. En su declaración de noviembre de 2025 afirmó que el cambio se había comentado en la Comisión General de Viceconsejeros, conocida como el consejillo, donde se preparan los asuntos del Consejo de Gobierno.
El papel del SAS y el origen de la denuncia
Según las fuentes consultadas, García ha explicado que dichas reuniones se celebraban por videoconferencia y que se limitó a “asentir” ante las decisiones de los técnicos. El acuerdo estuvo precedido por un informe de la Intervención en agosto de 2020 que paralizó un contrato del SAS por 29 millones de euros.
La causa también incluye la declaración como investigados de tres gerentes del SAS —Valle García, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas— quienes defendieron que los contratos sanitarios de emergencia estaban avalados por informes y motivados por la covid-19.
El juzgado instruye la denuncia presentada por el PSOE-A sobre el mantenimiento de contrataciones de emergencia por un total de 242 millones de euros, cuando ya se consideraba finalizada la situación sanitaria que las originó.