El archivo judicial de las querellas por los contratos de emergencia del SAS durante la pandemia ha desatado un nuevo choque político entre PSOE y PP en Andalucía. Los socialistas han confirmado que recurrirá la decisión del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que ha acordado el archivo de la causa al no apreciar indicios de delito. Desde el PSOE sostienen que los hechos denunciados “requieren de una investigación completa que está lejos de haber concluido” y advierten de un posible delito de prevaricación. Según el partido, informes posteriores de la Intervención General de la Junta de Andalucía habrían confirmado “múltiples irregularidades y un apartamiento total de la Ley de Contratos del Estado” tras la supresión de la fiscalización previa aprobada el 6 de octubre de 2020.
El PSOE-A subraya que, aunque nadie cuestiona la urgencia inicial provocada por la covid-19, la Junta prolongó la contratación de emergencia “a dedo” sin cobertura legal una vez decaída la situación excepcional. Además, sostiene que se contrató con las mismas empresas a precios superiores a los ordinarios, lo que habría supuesto “pagar más por lo mismo”. Desde el respeto a la Justicia, el partido insiste en que el proceso “no ha terminado” y recuerda que existen investigaciones abiertas en Cádiz y Córdoba por los mismos hechos.
En el lado opuesto, el Partido Popular de Andalucía ha celebrado el archivo como una desautorización total de las acusaciones. Su secretario general, Antonio Repullo, ha sido tajante: “El juez instructor ha sido rotundo: no hay nada”. A su juicio, las denuncias fueron “un invento de Podemos y PSOE” y una utilización política del dolor provocado por la pandemia, con más de 16.000 víctimas en Andalucía.
Repullo ha defendido que los contratos del SAS se aprobaron para “proteger a la ciudadanía”, dentro de “un proceso limpio, pautado y fiel a la ley” impulsada por el Gobierno central para agilizar la contratación pública. El dirigente popular ha acusado al PSOE-A de “mentir” y de sustituir la política por “bulo, propaganda y ruido”, frente a lo que contrapone autos judiciales, gestión y estabilidad.
El auto judicial, dictado el 22 de enero, concluye que no existen “elementos o principios de prueba” que avalen la comisión de delito en unos contratos que ascendieron a 242 millones de euros. Pese a ello, tanto PSOE como Podemos mantienen su intención de recurrir, prolongando una batalla política y judicial que sigue muy viva.
