El 25 de noviembre de 2021, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. La norma era una de las más importantes de la legislatura para el Partido Popular porque permitía una ordenación urbanística de la comunidad acorde con el programa y el ideario de los populares. No fue fácil aprobarla, pero finalmente PP y Ciudadanos lograron la abstención del PSOE. Entró en vigor el 24 de diciembre, pero no ha sido hasta este martes, cuando el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía compuesto únicamente por el PP, cuando ha adquirido sentido completo. Marifrán Carazo ha presentado el reglamento que detalla la aplicación de esta norma con dos novedades que probablemente encuentren el rechazo de parte de la oposición.
Que la norma liberalizaba el suelo y quitaba trabas administrativas ya se conocía. Muchos de esos controles previos (a lo que la Junta se ha referido siempre como trabas) pasan a ser declaraciones responsables. Aunque desde Fomento se insiste en que habrá un aumento de la inspección para evitar las irregularidades. Lo cierto es que actualmente hay 500 planes, generales y menores, en los tribunales bloqueados. Carazo ha afirmado en rueda de prensa que con este nuevo reglamento, unido a la ley ya aprobada, "se ofrece seguridad jurídica a los inversores y ayuntamientos".
Para lo que el Gobierno andaluz llama "aguilizar trámites", la Junta ha aprobado la creación de entidades privadas que pueden participar en todo el proceso de la elaboración de los planes de ordenación del territorio. No es obligatorio, pero los ayuntamientos podrán echar mano de esta figura. Lo cierto es que, en el fondo, se trata de la posibilidad de privatizar estos servicios. Se trata del agente urbanizador, un mecanismo de "colaboración público-privada", en palabras de la consejera de Fomento y Vivienda. En concreto, estos agentes podrán participar en la redacción de los planeamientos y en la aprobación de las licencias. Es decir, podrán hacer todas las tareas que no correspondan legalmente a los funcionarios. Además, estos agentes podrán ser los Colegios Profesionales. Desde la Junta explican que se trata de "abrir una puerta" para que los ayuntamientos puedan contar con "mayor agilidad". Carazo ha hablado de esta figura como algo que permitirá "estimular a la economía" reduciendo las esperas del promotor.
No es el único punto liberalizador del reglamento ya que la nueva ley ofrece una mayor flexibilidad para construir en el suelo rústico, aunque impide que lo que se edifique en el medio rural sean urbanizaciones. Con el nuevo reglamento, se podrán construir casas en el ámbito rural sin necesidad de dedicarlas a actividades agrícolas. El objetivo de esta medida es que quien lo desee, "pueda vivir en el campo de forma regular" independientemente de la actividad profesional que ejerzan. Carazo ha explicado que con esto se "frenará el daño en el entorno" que provocaban las viviendas ilegales. Unas viviendas que se podrán regularizar, y en ello colabora la Junta con los ayuntamientos, pero no legalizar. Los datos del Gobierno andaluz señalan que actualmente hay expedientes a 343 edificaciones ilegales y 644 parcelaciones.
Carazo ha explicado que el Reglamento de la Ley del Suelo de Andalucía prevé "un régimen transitorio" de manera que "no obligamos a (los ayuntamientos) a tener que adaptar el planeamiento anterior", una decisión que ha explicado con el argumento de que "entendemos que no debe paralizar todo, como ocurrió con el anterior", por lo que ha abogado entonces por "una transición flexible y fácil", aunque seguidamente ha señalado que "animamos a tomar el nuevo camino" a los municipios en el diseño de su planeamiento.
Otro aspecto que ha remarcado la consejera de Fomento es la labor de inspección, de la que ha indicado que la propia Inspección autonómica podrá "actuar de forma directa ante las infracciones territoriales" a partir de "un procedimiento más agil", por lo que procederá a "paralizar las obras de las viviendas irregulares desde el momento en que se detecta".
A pesar de que la norma tuvo un gran respaldo del Parlamento Andaluz o, al menos, poca oposición, sí que encontró el rechazo del Gobierno de España. El Ejecutivo de Sánchez no dudó en recurrir la norma, aunque desde la Junta aseguran que no fue por el contenido sino por su forma en la tramitación. Sin embargo, la consejera ha dejado claro que en septiembre se llegó a un acuerdo después de una sola reunión y que aquellos puntos discordantes han sido modificados a través del nuevo reglamento y de la aprobación de un decreto ley. No obstante, Unidas Podemos sí ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional que no preocupa a la Junta porque, tras el acuerdo con el Gobierno, "pierde peso".
Si bien Carazo ha presumido del consenso suscitado por la ley, lo cierto es que durante su tramitación encontró el rechazo de varios grupos ecologistas, así como de los partidos más a la izquierda del arco parlamentario. Ambos alertaban de las facilidades que daba la ley para convertir un suelo rústico en suelo úrbano. Otro de los motivos de discrepancia fue la propia tramitación de la norma por el procedimiento de urgencia.
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