El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, acudió este lunes al debate en el Senado que ha reunido a varios presidentes autonómicos, y al que no acudió Juanma Moreno al encontrarse en Sevilla en la inauguración de las obras de la Línea 3 del Metro de Sevilla.
Sanz elevó el tono contra el PSOE en una sesión en la que se encontraba el presidente catalán, Pere Aragonés, y donde el dirigente de ERC, en plena precampaña autonómica, defendió un referéndum pactado con el Estado.
El consejero recordó que en Cataluña vive medio millón de andaluces y que la ley es "plenamente inconstitucional". Según la Junta, y el PP, esta norma pone en peligro "la propia supervivencia" del estado autonómico. La razón: es "un retroceso en la calidad de nuestra democracia, en la igualdad entre españoles y en la credibilidad de las instituciones". "La amnistía sólo podría ser incluida en el ordenamiento jurídico mediante una reforma de la Constitución y, al no haberse abordado esta modificación, se ha privado a este Senado del papel que le corresponde".
Detrás de ese pacto con los líderes del procés, hay una "quiebra de la igualdad entre españoles", pero además genera "desigualdad" en la financiación: "Cuando asuntos tan sensibles como la financiación y los Presupuestos Generales del Estado son moneda de cambio del Gobierno de Sánchez en una negociación bilateral, está claro que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera".
En su intervención, Sanz llegó a llamar a Juan Espadas "traidor a Andalucía". El socialista es portavoz del PSOE en el Senado, además de jefe de la oposición en el Parlamento andaluz.
La respuesta de Espadas no tardó. Calificó de "lamentables" algunas intervenciones de dirigentes autonómicos del PP, ha recriminado el desprecio al Gobierno, a su presidente y los insultos lanzados a algunos socialistas como los del "enviado de Juanma Moreno Bonilla, más propio de radicales de extrema derecha de la dictadura".
Juan Espadas insistió en que "no es posible bloquear la tramitación de la ley, como pretende el PP. Solo les queda vetarla o enmendarla, salvo lo que pretendan es prevaricar". "Se oponen a buscar una solución política excepcional a un problema que desborda la mera respuesta jurídica. Solo avanzaremos a través del dialogo, la convivencia y la fortaleza en los argumentos de los que no creemos ni apoyaremos una solución independentista".
"Es necesario cerrar una fractura social y trabajar en aras de la convivencia futura. La Comisión de Venecia dice en su informe que no ataca el principio de igualdad ni la separación de poderes, que depende del poder legislativo y que su constitucionalidad debe ser evaluada por el TC".
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