La problemática histórica de la construcción en vías pecuarias en Andalucía es un asunto tortuoso administrativamente que ha llevado de cabeza a sucesivos gobiernos autonómicos y municipales. Son construcciones sobre terrenos públicos que se encuentran en una especie de limbo: reconocidos como propios por la Junta, reconocidos como vías pecuarias por los ayuntamientos, a la vez que muchos propietarios ostentan títulos de propiedad.
Estos títulos, a veces, provienen de cuando el suelo rústico no conocía de calificaciones, y otras veces provienen de hacerse cargo de tierras que 'no son de nadie' porque nadie las reclama. Hay, así, desde familias que llevan décadas viviendo en pequeños núcleos rurales, hasta quienes aprovechan la inacción de las administraciones para pegar auténticos 'pelotazos'.
La Junta de Andalucía es la administración encargada de las vías pecuarias, unos caminos públicos que han ido decayendo en su uso, y que además, en ocasiones, se han ido recortando. Así, si un camino público a veces constaba de hasta cien metros, por ejemplo, de anchura, el Gobierno autonómico ha ido recortando espacio, dejando en el aire la situación de muchos metros cuadrados en los alrededores de esos caminos.
Los ayuntamientos, teóricamente, son los encargados de decirle a la Junta qué terrenos rústicos venían siendo usados históricamente por familias con viviendas en el campo, con el afán de permitir el derecho a regularizar la situación del inmueble. Se dan paradojas, a menudo, como que se reconozca la propiedad de una vivienda a una familia, pero a la vez no se reconozca la propiedad del suelo sobre el que se erige la vivienda.
El respeto a esos propietarios históricos, y la necesidad mostrada por diversos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, para que se les reconozca la propiedad, han paralizado en ocasiones muchos procesos de regularización, para evitar que quien haya llegado después y solo tenga afán especulador, no pueda subirse a la 'ola' de la legalización de terrenos.
Por ello, una noticia que podría pasar por menor este lunes, es en realidad un posible cambio de rumbo en el Gobierno andaluz. Según informa Cordópolis, la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba ha abierto un proceso sancionado a una propietaria en la localidad de Hornachuelos por una presunta usurpación de parte de una vía pecuaria. El citado medio explica que, preguntada la delegación por ello, señala que el asunto está "en tramitación y estudio".
Si finalmente esta sanción prospera, será una actuación que servirá como 'aviso a navegantes', pues la aplicación de la Lista, la normativa que regula el suelo en Andalucía, ha sido uno de los grandes retos del actual ejecutivo de Moreno. Una sanción, de producirse, conlleva un esfuerzo humano y de recursos para las administraciones, que, en la práctica, intentan evitar que se le pongan puertas al campo. Un trabajo arduo. Pero que puede sentar precedentes.