El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Barbate ha citado en calidad de investigado (término que sustituye al antiguo imputado) al interventor del Ayuntamiento de la localidad, J. R. S. M., por un presunto delito de prevaricación administrativa, según el auto al que ha tenido acceso lavozdelsur.es.
Apenas unos días después de ponerse en conocimiento de la Justicia por parte del Ayuntamiento de Barbate que se había producido un desvío en la cuenta donde el interventor percibe sus emolumentos para, supuestamente, burlar un embargo de la Agencia Tributaria y que recayese "solidariamente" (unos 63.000 euros hasta la fecha) sobre el propio Consistorio barbateño, el juez ha llamado a declarar como investigado al funcionario el próximo 16 de junio. Semanas antes, el día 31 de mayo, ha citado a declarar en calidad de perjudicado al alcalde barbateño, Miguel Molina.
En un auto fechado el pasado 26 de abril, el juez razona sobre los hechos denunciandos en torno al encargado de la fiscalización de la administración local barbateña, entendiendo que por sus características hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Aquí, resalta en dicho auto que "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir diligencias previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable". Igualmente, manda que se haga ofrecimiento al Ayuntamiento de Barbate para personarse en la denuncia.
El Consistorio ya ha solicitado la revocación de la plaza del interventor municipal por pérdida de confianza del alcalde y "de los trabajadores", como reconoció el propio regidor andalucista en una entrevista esta semana en este periódico. Ir a los tribunales, reconocía Molina, "es que es lo que queda. Si hay un procedimiento y tengo que ir a los juzgados, ahí me pondré. Lo que no me gusta es airear esto por el nombre de Barbate. Pero el problema es del interventor, que ha mentido y ha engañado a una administración que le da de comer".
A mediados de este mes, el sector de Administración Local de CSIF Cádiz ya anunció que iba a llevar Fiscalía el supuesto beneficio económico irregular del interventor municipal del Ayuntamiento de Barbate, embargado por la Agencia Tributaria desde el año 2016, cuando entró a trabajar en el Consistorio barbateño procedente de Linares. El sindicato pide que se investigue el incremento de las retribuciones de este trabajador, que habría contado con el visto bueno del alcalde y concejales del equipo de gobierno para su aprobación, ya que viene a cubrir prácticamente las cantidades adeudadas a Hacienda por las pensiones alimenticias de sus hijos y que alcanzaban en 2016 unos 190.000 euros.
"El interventor cobra por su categoría profesional", ha explicado el alcalde, y añade: "Tenemos un problema en el Ayuntamiento y es que el convenio aplicado provoca que cobren menos de lo que deberían quienes tienen estos cargos. Nunca hemos tenido RPT (Relación de Puestos de Trabajo). Estamos pendientes de aprobarla y que se incluyen los salarios que deben corresponderle. Facilitará que vengan funcionarios habilitados a Barbate. No han tenido el reclamo económico para venir. Tarda tanto la RPT porque siempre hay problemas y falta el informe de él precisamente. Dos meses hace que tiene la RPT en su despacho. Si se aprueba, era más fácil que se vaya. Dicho eso, nunca he estado pendiente de eso. Hemos intentado que cobre por su responsabilidad, simplemente.
El propio afectado también se ha pronunciado. En un escrito, el interventor municipal expone que, ante la versión de los “hechos torticera, manipulada e injusta que está recibiendo la opinión pública sobre mi actuación y persona”, quiere exponer que se compromete “pública y personalmente a abonar/reintegrar cada céntimo de euro que el Ayuntamiento de Barbate tenga que pagar por la responsabilidad tributaria solidaria derivada del incumplimiento de la orden de embargo dictada por la Agencia Tributaria contra su persona”.
La única condición que impone es que “se ejerciten todas las acciones legales a través de los recursos administrativos que asistan al Ayuntamiento al considerar, como expongo en el escrito de alegaciones (27 folios) que, en defensa de los intereses del Ayuntamiento, he presentado al alcalde y al Departamento de Recursos Humanos, que la Agencia Tributaria carece de razón jurídica como para derivar dicha responsabilidad tributaria al Ayuntamiento de Barbate”.
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