Un juez de Barcelona ha imputado a Pablo Casado, ex líder del Partido Popular, por un delito de injurias después de que la Generalitat de Cataluña lo denunciara por afirmar en un acto de su partido que había profesores en Cataluña "con instrucciones para no dejar ir al baño" a los niños que hablasen castellano y que, admeás se les castigaba con piedras en sus mochilas.
Estos bulos fueron rápidamente puestos a disposición judicial por parte del Govern de Cataluña por injurias, calumnias e incitación al odio contra el profesorado. El Diari Ara ha adelantado que el juez ha citado a declarar a Pablo Casado como investigado el próximo 30 de enero. Santiago García, juez que ha abierto las diligencias, también ha pedido la grabación de todo el acto que se celebró en Galicia así como la lista de medios de comunicación que participaron.
Las declaraciones se enmarcan en un contexto donde una resolución judicial imponía que el 25% de las clases en Cataluña fueran en castellano, a partir de una solicitud realizada por una familia del municipio de Canet. Casado aprovechó esta situación para afirmar que se prohibía ir al baño a aquellos niños que lo pidieran en castellano.
La Generalitat denunció en su escrito que "se constata claramente la incitación a la hostilidad contra la población de Catalunya por tener una lengua propia oficial, el catalán, constitucionalmente reconocida, y que convive con la lengua castellana". Meses más tarde, Pablo Casado tendrá que ir a declarar, aunque ya no es el presidente de la formación política que dirigía entonces.
Curiosamente, esta imputación se da pocos días después de que se haya producido en España la primera condena por difundir bulos. Un guardia civil ha sido condenado por un delito de odio al publicar en redes sociales el vídeo de una agresión de un hombre a una mujer e inventar que era "un mena marroquí de Canet de Mar" (Barcelona). El vídeo que difundió era en realidad la grabación de una cámara de seguridad de China que habían publicado las autoridades del país para encontrar al autor, reclamando para ello colaboración ciudadana. Tras un acuerdo con la Fiscalía, el hombre ha aceptado una pena de 15 meses de prisión, una multa de 1.620 euros y la obligación de cerrar sus perfiles en redes sociales.
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