El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en una causa que investiga un posible caso de corrupción legislativa durante su etapa en el Gobierno. El procedimiento, que permanecía bajo secreto desde hace siete años, se centra en una presunta actuación irregular para favorecer económicamente a empresas del sector gasístico vinculadas a un despacho profesional fundado por el propio Montoro.
El magistrado investiga si desde su cargo al frente del Ministerio de Hacienda durante los gobiernos de Mariano Rajoy, Montoro promovió la aprobación de diversas normas que habrían supuesto un beneficio directo para compañías integradas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM). Estas empresas eran clientes del despacho Equipo Económico, creado por Montoro en 2008 y del que fue socio fundador, presidente y consejero hasta su incorporación al Ejecutivo.
El juez considera que el exministro podría haber utilizado su capacidad de iniciativa legislativa y su posición en el Consejo de Ministros para impulsar decisiones que garantizaran un retorno económico para el citado bufete. Estas actuaciones habrían tenido lugar mientras Montoro ostentaba competencias clave en la elaboración y tramitación de normas fiscales y presupuestarias.
Más de un lustro de investigación
La causa se inició hace más de un lustro y ha avanzado tras la incorporación de nueva documentación que vincularía las medidas adoptadas por el Ministerio con los intereses del despacho. El auto judicial sostiene que la conexión entre los clientes beneficiados y la firma fundada por el exministro justificaría la imputación por un posible delito de prevaricación o tráfico de influencias.
Según ha adelantado laSexta, el levantamiento del secreto de sumario ha permitido conocer los detalles de una presunta trama que habría combinado la actividad privada previa del responsable político con decisiones adoptadas desde la más alta responsabilidad pública.
El caso se encuentra todavía en fase de instrucción, pendiente de nuevas diligencias y sin que, por el momento, se haya fijado fecha para una eventual declaración judicial de Montoro.
