La Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado para mayo de 2026 el inicio del juicio contra Francisco Serrano, exdiputado autonómico de Vox y antiguo presidente del partido en Andalucía, por su presunta implicación en un caso de estafa relacionado con la obtención indebida de un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros. El tribunal también contempla, de forma subsidiaria, posibles delitos de fraude de subvenciones y fraude de ayudas públicas. La causa se instruye en relación con un préstamo del programa Reindus, dependiente del Ministerio de Industria, que debía destinarse a la construcción de una fábrica de pellets en Niebla (Huelva).
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha señalado un total de once sesiones judiciales para los días 4, 5, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25 y 26 de mayo de 2026. La magistrada Margarita Barros ha sido designada como ponente de la sentencia. La decisión de avanzar a juicio oral se remonta a marzo de 2024, cuando el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla impuso a Serrano una fianza de más de 3,3 millones de euros con el fin de asegurar eventuales responsabilidades económicas.
La resolución judicial también afectó a los antiguos socios de Serrano: Enrique Pelegrín, considerado presunto coautor, y Francisco Javier López Ballesteros, identificado como supuesto cooperador necesario. A ambos se les exigió la misma cantidad en concepto de fianza. Según el auto, los tres implicados habrían urdido en 2016 un plan para acceder al préstamo sin contar con la solvencia exigida, simulando los requisitos necesarios a través de una empresa creada ex profeso.
La sociedad Biowood Niebla fue constituida por Serrano y Pelegrín con una aportación inicial de apenas 7.000 euros y una supuesta maquinaria que, según la instrucción, nunca fue adquirida. La finalidad declarada era la construcción de una planta de producción de pellets, pero el juzgado sostiene que la información financiera presentada al Ministerio no se correspondía con la realidad.
El Ministerio de Industria concedió finalmente el préstamo por valor de 2.489.000 euros, bajo la condición de que Biowood invirtiera además más de un millón de euros adicionales. La investigación revela que, una vez recibidos los fondos, los acusados comenzaron a utilizarlos para fines distintos a los estipulados en el proyecto, incluyendo un préstamo de 200.000 euros a un cliente del despacho de Serrano.
Desvío de fondos
El juzgado detalla que parte del dinero fue canalizado hacia un fondo de inversión y que otras sumas se emplearon en préstamos a empresas del propio Serrano. Entre ellas figuran XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba. Biowood también habría avalado un préstamo a XYZ ante Ibercaja, que fue cubierto con fondos del programa Reindus tras un impago.
La instrucción judicial también recoge un préstamo de 30.000 euros a Serrano Abogados, utilizado supuestamente para el mantenimiento de la sede que compartía con Biowood. No obstante, se concluye que dichos gastos no eran financiables mediante los fondos recibidos, al no guardar relación con el proyecto industrial.
El juez instructor señala además el uso de parte del dinero para cancelar deudas personales y empresariales de Serrano, simulando avances en el proyecto ante los requerimientos del Ministerio. A pesar de presentar documentación técnica, la ejecución material de la fábrica no se completó, y apenas una parte del préstamo se habría destinado a obras reales.
Según el auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado, de los 2,49 millones concedidos por el Ministerio, solo una cifra cercana a los 544.000 euros podría considerarse acorde con el objeto original del préstamo. El juez concluye que existen indicios racionales de la comisión de un delito de estafa y otro de fraude de subvenciones por parte de los tres implicados.