El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha acordado este viernes levantar las imputaciones que pesaban sobre la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González por la presunta existencia de una 'caja b' también en el PP de Madrid, con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011, unas supuestas corruptelas por las que sí ha procesado al ex consejero Francisco Granados.
De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se alinea con la Fiscalía Anticorrupción, que pidió exculpar tanto a Aguirre como a González situando en la cúspide a Granados, el presunto cabecilla de la 'Púnica'.
Desde 2014, la AN investigaba esta pieza separada 9 sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en las autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008, así como los contratos adjudicados por la administración madrileña y, en concreto, los contratos de reputación 'online' para posicionar a altos cargos del PP en redes sociales.
García Castellón indica que los hechos relativos a los comicios de 2007 y 2008 estarían prescritos, pero ve indicios de delito en los de 2011, precisando que, aunque la cuenta electoral registró unos costes de 2,9 millones de euros --los declarados ante la Cámara de Cuentas--, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6,8 millones.
Por ello, el juez procesa a ocho personas: Granados y el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, a los que deja como máximos responsables de la presunta trama, así como a Alejandro de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás y las empresas EICO Reputación Management y Madiva Editorial y Publicidad.
García Castellón apunta a posibles delitos electorales, de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsificación y cohecho.
Archiva para los otros 71 imputados, entre ellos Aguirre, González, Manuel Lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria, Juan José Güemes, Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid.
Además, rechaza la petición realizada por la acusación popular del PSOE de imputar al PP. El instructor razona que, en primer lugar, sería "improcedente" porque los hechos no guardan relación con el partido nacional, sino, en todo caso, "con el ente territorial que goza de plena autonomía y autogestión para sus intereses". Y, en segundo lugar, porque sería una imputación "innecesaria e inútil", dado que los posibles delitos están prescritos.
Sobre Aguirre, Gacía Castellón dice que "no puede considerarse acreditada su participación en los hechos delictivos" pues, "más allá de la prescripción de los delitos electores asociados a las autonómicas de 2007 y de 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que era conocedora de los mismos".
En concreto, alude a una conversación entre Aguirre y González de la que dice que cabría deducir que la ex presidenta madrileña "podía sospechar o intuir que se había sobrepasado el límite del gasto electoral", pero al mismo tiempo cree que esa charla también "revela que no tenía conocimiento de cómo había sucedido" y se basa en "la aseveración que realiza en torno a la utilización de la Fundación FUNDESCAN, descartando que fuese instrumento para ello cuando realmente lo era".
García Castellón deja claro que, "aunque lo anterior podría plantear si (Aguirre) se situó en lo que se denomina ignorancia deliberada", "tal cuestión, considerando la ausencia de indicios, resulta insuficiente para sostener una acusación" contra la ex dirigente 'popular'.
En cuanto al cambio organizativo para que los contratos de publicidad tuviesen que recibir la autorización previa de la Dirección General de Medios, el juez expone que tampoco constituye un indicio de que Aguirre hubiese efectuado ese cambio "con fines delictivos".
También se pronuncia sobre los trabajos de reputación llevados a cabo por las empresas de De Pedro, al manifestar que "no ha podido acreditarse que la misma tuviese conocimiento, ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos".
Archiva igualmente para González al entender que no existe continuidad delictiva en la comisión de delitos electorales porque los "lapsos de tiempo" entre las votaciones impiden tratar todo como un "mismo marco temporal que permita la ejecución de un plan preconcebido o el aprovechamiento de idéntica ocasión".
Respecto a las elecciones de 2007, cuando González habría sido responsable de campaña, el juez detalla que no puede procesar por la prescripción y tampoco ha podido acreditar "ningún extremo" de una supuesta reunión para sanear las arcas del PP madrileño.
En resumen, "no existen indicios de cambios en las adjudicaciones, ni intentos de desvío de fondos y, por lo que se refiere a la credibilidad del denunciante, lo cierto es que la misma resulta manifiestamente insuficiente", indica.
En lo tocante a los trabajos de reputación 'online', García Castellón llega a la conclusión de que González "tenía conocimiento, al menos, de la existencia y aprobación" de los mismos pero que "no ha resultado acreditada su participación en ninguna actuación que, vinculada a los mismos, fuere constitutiva de infracción".