Este martes se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la nueva Ley de Igualdad salida del Parlamento andaluz, con los votos favorables de PSOE, PP y Ciudadanos y en contra de los diputados y diputadas de Podemos e Izquierda Unida. La norma sitúa a Andalucía en la vanguardia al convertirse en la primera comunidad autónoma con hasta veinte semanas de permiso de paternidad y maternidad, iguales e intransferibles, para los empleados públicos andaluces.
Sin embargo, la nueva ley nace con acusaciones de inconstitucionalidad en lo referente al régimen sancionador que contempla multas económicas a entidades o personas físicas por “organizar o desarrollar actos culturales, artísticos o lúdicos que justifiquen o inciten a la prostitución”, lo que llevó a Podemos e IU a votar en contra de la norma en la Cámara andaluza y a bautizarla como una “ley mordaza encubierta”.
Soledad Pérez, abogada y la diputada socialista que ha participado como ponente de la ley en el Parlamento andaluz, niega los argumentos de Podemos e IU en contra de la normativa: “Lo único que será sancionable son aquellos actos que inciten a la prostitución. Incitar a la prostitución no es hablar de prostitución”, matiza Pérez.
En la misma línea de la diputada socialista se expresa Juana María Gil, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada y participante en la tramitación parlamentaria en calidad de experta. Para la jurista granadina, en ningún caso se ha redactado la ley pensando en perseguir la libertad de expresión o de creación.
“Se ha redactado así para perseguir los anuncios de prostíbulos en vallas publicitarias en los pueblos , por ejemplo”, asegura, a la vez que señala que esta norma no podrá prohibir el ejercicio de la prostitución “porque no está prohibida en España, aunque habrá que abordar a fondo el debate”.
“Límites a la libertad de expresión”
Mucho más crítica y convencida de que la nueva ley podría ser impugnada por el Tribunal Constitucional está Blanca Rodríguez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y Premio Meridiana 2018 del Instituto Andaluz de la Mujer, el ‘Nobel de la Igualdad’ del Gobierno autonómico. Para Rodríguez, el problema principal de la ley es que jurídicamente “mete en el mismo saco a la prostitución, la trata y la explotación”.
La profesora opina que la ley andaluza “pone límites a la libertad de expresión y de creación artística”, por lo que está convencida de que está justificado articular un recurso de inconstitucionalidad contra la norma andaluza que nace bajo la polémica. “Todo va a depender del funcionario o funcionaria que interprete la ley”, apostilla Rodríguez sobre cómo se aplicará el régimen sancionador de la nueva Ley de Igualdad.
“Yo la semana que viene organizo un congreso sobre prostitución y no sé lo que allí se va a hablar. ¿Entonces quienes no defiendan la abolición no podrán hablar?”, se pregunta de manera retórica la jurista, quien se queja de que esta ley se haya elaborado sin preguntarle a las prostitutas: “Las prostitutas es el único colectivo al que nunca se le pregunta cuando se va a regular su actividad”, sentencia la última premiada en los ‘Nobel de la Igualdad’ de Andalucía.
Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional, no tiene dudas: “Esta ley, a mi modo de ver, es inconstitucional”, afirma rotundo. “Justificar quiere decir exponer argumentos a favor de la prostitución y eso va en contra de la libertad de expresión”, expone el también profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Urías alerta de que la nueva normativa “viene a prohibir el libre discurso”, lo que a su juicio es claramente contrario a la Carta Magna. “Una cosa es que el Estado quiera acabar con la prostitución y otra bien distinta es que se prohíba una postura”, aclara.
Más allá de la polémica
La ley ha contado con el apoyo del Consejo de Participación de las Mujeres, órgano colegiado de las organizaciones de mujeres de Andalucía, y dotará al Instituto Andaluz de la Mujer de un cuerpo de letrados y letradas expertos en género que funcionará a modo de ‘inspectoras de igualdad’ para ayudar a las empresas a implantar planes de igualdad, así como también levantarán expedientes administrativos contra aquellas entidades o empresas que vulneren los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, siempre en colaboración con la Inspección del Trabajo al no tener la comunidad autónoma competencias en Derecho del Trabajo.
También contempla la nueva ley la creación de una comisión de personas expertas que se encargará de revisar los libros de textos para evitar que haya contenidos sexistas que perpetúen la discriminación contra las mujeres, así como también obliga la norma a que el tejido productivo andaluz elabore planes contra la brecha salarial y la obligación de que todos los municipios, por pequeño que sea, tenga su propio plan de igualdad.
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