Esperanza Gómez (Sevilla, 1974), profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y diputada de Podemos en el Parlamento andaluz, ha sido la mujer que ha determinado el voto en contra de la bancada morada a la ley de igualdad, aprobada en el último pleno de la Cámara andaluza con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos y en contra de Podemos e Izquierda Unida.
La profesora de Derecho Constitucional, que fue asesora del Ejecutivo socialista del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, considera que la ley de igualdad contempla un régimen sancionador con multas de hasta 120.000 euros, contra quienes organicen o participen en actividades culturales, artísticas o lúdicas que pudieran incitar a la prostitución, que en realidad la convierten en una “ley mordaza andaluza” que vulnera la libertad de expresión y convierte en un delito de la administración andaluza un tipo que no está considerado delito en el Código Penal. En el fondo del debate, la división que mantiene el movimiento feminista y los partidos progresistas sobre la prostitución. La polémica está servida.
¿Por qué han votado en contra de la ley de igualdad?
Básicamente, por el régimen sancionador, aunque no sólo. En el régimen sancionador se sancionan una serie de actividades que a nosotras nos parece que podía atentar contra la libertad de expresión. En concreto, todo lo que tiene que ver con la organización o participación en actividades culturales, artísticas o lúdicas que pudieran justificar o incitar a la prostitución. Nosotros habíamos propuesto que en la redacción se cambiara “prostitución” por “explotación sexual”, con la idea de consensuarlo con el PSOE. La prostitución en nuestro ordenamiento jurídico no está sancionada como un tipo penal, por lo que no se puede sancionar un acto que la justifique. Es una cuestión jurídica básica.
De todas maneras, sería imposible sancionar una charla sobre prostitución bajo el amparo de esta ley administrativa al ser de menor rango que un derecho fundamental como la libertad de expresión amparado por la Constitución. ¿De verdad ha sido ese el motivo para votar en contra?
¿Qué es incitar o justificar la prostitución? Yo le digo al PSOE que no siempre van a gobernar ellos. El régimen sancionador es demasiado amplio y, aunque estando de acuerdo en algunos supuestos, hay cosas que no las entendemos desde un punto de vista jurídico. No puedes como regla general sancionar en una ley administrativa algo que no está sancionado en el Código Penal.
¿La prostitución es explotación sexual?
Podría serlo, pero lo de explotación sexual nosotras queríamos precisarlo un poco más. Explotación sexual sí es un tipo penal, pero la prostitución no lo es. No es un debate terminológico como dice el PSOE; para una jurista como yo, para una profesora de Derecho Constitucional, el respeto a los derechos fundamentales es esencial. Yo como jurista no podía nada más que oponerme a ese término. Seguramente, el 99% de la prostitución sea explotación sexual, sin duda, pero desde el punto de vista jurídico la explotación sexual está sancionada y la prostitución no. Yo creo que el PSOE quiere sancionar la prostitución por la puerta de atrás. Abramos un debate sobre la prostitución, pero no lo hagamos de esta manera, permitiendo que cualquier administración andaluza pueda acabar sancionando por un acto en el que se hable de prostitución, donde es posible que haya alguien que la defienda.
Ustedes se han referido en términos muy severos hacia la ley de igualdad, ¿está justificado?
Yo lo tengo clarísimo. Me percaté de que la ley de igualdad es una ley mordaza andaluza en cuanto vi el régimen sancionador. Cuando mi grupo parlamentario propuso cambiar “prostitución” por “explotación sexual” no es porque me pareciera la mejor opción posible, es que pensé que así la aceptaría el Partido Socialista y evitaríamos que la ley pudiera servir para sancionar la libertad de expresión.
¿No tiene nada que ver esta posición con el debate interno sin revolver que tiene Podemos sobre la prostitución?
En Podemos somos abolicionistas, en el sentido de que la prostitución no debería existir; otra cosa es que cómo actuamos mientras existe. Es que hasta para abolir la prostitución hay que hablar de ella. Y si para hablar de ella alguien tiene que defenderla, porque así lo considera, no podemos sancionarle por ello. A mí me parece que estamos limitando el debate. El PSOE otra vez está siendo muy cobarde y está estableciendo unas sanciones en un sentido muy amplio cuando lo que tendríamos que afrontar es un debate sobre la prostitución.
La diputada y profesora de Derecho Constitucional en un momento de la entrevista. FOTO: R.S.
¿En qué términos se debería afrontar un debate sobre la prostitución?
Yo creo que el movimiento feminista tiene claro que la prostitución hay que abolirla, el problema es cómo actuamos mientras tanto. Entonces, lo que ha sucedido con el sindicato de trabajadoras sexuales es prueba de ello. Hay personas que piensan, que pensamos, que, mientras la prostitución exista, al colectivo de prostitutas hay que otorgarle derechos, hay que permitirle que se organicen. Y hay quienes piensan que reconocer esa realidad es hacerle un flaco favor al movimiento abolicionista. En el movimiento feminista, al menos en Podemos, todas las mujeres somos abolicionistas. Nuestra posición no tiene nada que ver con Ciudadanos, que son regulacionistas sin más.
Legalizar el sindicato de prostitutas es asumir que la prostitución es un trabajo.
Lo que no podemos hacer es negar la realidad. A esas mujeres hay que escucharlas, hay que sentarse a hablar con ellas. Y luego ya decidimos qué hacemos con la prostitución; pero establecer sanciones por la puerta de atrás, en las que se puede acabar sancionando un acto organizado por ellas mismas, me parece que no es la manera de hacer las cosas.
El PSOE dice que ofreció a Podemos cambiar en la redacción de la ley “prostitución” por “prostitución como forma de explotación sexual”, ¿tampoco les fue suficiente para dar su voto a favor?
A veces sé que puedo pecar de demasiado pesada con el tecnicismo jurídico, pero es que yo soy jurista y el delito, lo que está tipificado por el Código Penal, es la explotación sexual y no la prostitución. Yo le ofrecí “trata”, “explotación sexual” y “esclavitud sexual”, que las tres están en el ordenamiento jurídico, pero el PSOE no quiso. Querían introducir de manera clara la palabra “prostitución”.
Desde el PSOE dicen que con la propuesta de Podemos, “explotación sexual”, no se podrían sancionar los anuncios de prostitución en prensa o los carteles que anuncian prostíbulos en pueblos y carreteras.
Eso se podía haber regulado expresamente si hubieran querido. Yo empecé esta enmienda como un inicio de un proceso de diálogo. No es la que yo hubiera querido, es la que yo pensé que el PSOE aceptaría. Parte de la intención del régimen sancionador de la ley es buena, hay muchas conductas que están bien sancionadas, lo que me parece es que tal como ha quedado redactado el régimen sancionador puede dar lugar a que la ley acabe siendo una ley mordaza y actos que deberían estar amparados en la libertad de expresión acaben siendo prohibidos o sancionados por multas de 60.000 a 120.000 euros. Cuando una gobierna, cuando una legisla, debe saber que el régimen sancionador es algo muy serio. La cuestión es qué le estás permitiendo que hacer a la administración con esta ley y qué va a terminar pasando.
¿Con esta ley se podría prohibir un debate sobre la prostitución en una universidad andaluza, por ejemplo?
Sí, no tengo ninguna duda de que eso terminará pasando. De poco nos va a servir que vayamos a los tribunales y los jueces nos digan que la charla está amparada por la libertad de expresión, pero eso será a posteriori. Me preocupa que alguien organice una charla con miedo o que no la organice para evitar ser sancionada. No se puede permitir eso en una sociedad democrática. ¿Puede el anuncio de esa charla impedir la celebración de una charla organizada por una asociación de prostitutas?
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