Una nota de prensa de la Policía Nacional, emitida el pasado 23 abril, informaba de la detención de un hombre que se hacía pasar por médico para, presuntamente, estafar a sanitarios de un centro hospitalario de Madrid. El arrestado, interceptado durante un control policial rutinario enmarcado dentro de las labores de vigilancia por el estado de alarma, portaba un uniforme sanitario y una tarjeta identificativa a su nombre de un supuesto médico especialista del Servicio de Inmunología de un centro hospitalario de la capital madrileña, según describía el comunicado del Cuerpo Nacional de Policía, que señala que “al parecer, habría contactado con los profesionales sanitarios del centro al objeto de recoger dinero para la compra de material de protección individual”.
El CNP, en la nota de prensa, asegura que averiguó que el detenido, que cuenta con antecedentes por estafa, actuaba junto a otro joven, que también simulaba ser médico y que aún no ha sido identificado. El detenido es T. S. P., natural de Barbate, y lleva varios días copando titulares por su pasado como militante del PSOE, que se está “utilizando”, asegura, para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. “No ejercí, pero estudié Medicina”, dice, cuando es consultado por lavozdelsur.es acerca de su detención, agregando que ha solicitado el certificado de notas a la universidad para poder demostrarlo.
La versión de T. S. P. es que, por sus estudios en Medicina, se presentó como voluntario para ayudar en la crisis del coronavirus, de ahí su vestimenta en el momento de la detención. “No tenemos archivos ni procedimientos penales en curso. No nos han notificado nada, pero como se han paralizado los juzgados puede ser que venga algo en el futuro”, cuenta su abogado, Ricardo Rodríguez, en conversación telefónica con lavozdelsur.es. “Lo detuvieron en la calle y le impusieron una sanción por saltarse el confinamiento, pero lo soltaron rápido”, relata Rodríguez, quien desmiente que se haya hecho pasar por médico para cometer una estafa.
“No es verdad que haya cogido mascarillas y las haya vendido”, señala el letrado madrileño que defiende a S. P. Además, cuenta, en el vídeo difundido por la Policía Nacional y reproducido por algunos periódicos y televisiones con imágenes de la detención no es su cliente quien aparece, sino otra persona. Por eso hasta ha anunciado su intención de querellarse contra los medios que lo hayan relacionado con esos hechos. “Todavía no tenemos ninguna noticia de que haya procedimiento judicial abierto por alguno de los temas pendientes”, señala el abogado.
El caso no tendría tanta relevancia mediática si no fuera por la foto que tiene junto al ahora presidente Pedro Sánchez, realizada en mayo de 2017, cuando el secretario general del PSOE resurgió de sus cenizas tras ser defenestrado por su propio partido. S. P. formó parte de la plataforma Recupera PSOE que ayudó a Pedro Sánchez a ganar las primarias ante Susana Díaz. En la imagen, Pedro Sánchez habla a la militancia tras conocerse su victoria, y entre él y el ahora ministro José Luis Ábalos, se distingue a T. S. P.. Ese es el motivo, dice él, por el que su caso copa titulares, por “política”, porque ya ni es militante —“en marzo no pude pagar las cuotas y dejé de estar afiliado”, cuenta a Voz Pópuli—.
La revista digital Somos Malasaña viene haciendo un seguimiento a la presunta actividad delictiva de S. P. en Madrid, donde supuestamente mostraba nóminas falsas como investigador médico del CSIC para alquilar viviendas que luego subarrendaba a extranjeros con dificultad para encontrar alojamiento en la capital.
El abogado de S. P., en declaraciones a lavozdelsur.es, considera que en las informaciones aparecidas en los últimos días sobre su defendido “se están mezclando denuncias desde 2016 hasta ahora”. El letrado confirma que tiene “denuncias por estafa y malversación”, algunas archivadas, y que S. P. también ha interpuesto, por ejemplo, ante el anterior propietario del café ubicado en la Farmacia Juanse de Madrid, que lo acusa de quedarse con la explotación sin ejecutar el traspaso acordado.
T. S. P., licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada —y también en Medicina, dice, por una “universidad extranjera”, según su abogado—, llegó a ser secretario local del PSOE de Barbate, desde donde ejerció una dura oposición contra el alcalde de entonces, Juan Manuel de Jesús (PP), al que intentó disputar la Alcaldía.
Pero los socialistas tenían en mente a otro candidato. S. P., junto a otros socialistas críticos de la localidad, llegó a crear el partido Socialistas Independientes por Barbate (SIB), tras lo que fue expulsado del partido. Rafael Quirós fue finalmente el candidato del PSOE en las siguientes municipales, las de 2007, en las que arrasó, desbancando a los populares y dejando a S. P. sin su ansiada meta, ser regidor de la localidad jandeña.
S. P., posteriormente, llegó a ser gerente de la UTE Activa-T que gestionó el Complejo de Piscinas Municipales de Puerto Real, que acabó cerrado, con sus trabajadores en huelga y con nóminas sin cobrar. “La empresa entró en suspensión de pagos y les pagó el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), como muchas otras, pero eso no es una estafa”, recalca su abogado.
En junio de 2015, el entonces teniente de alcalde de Deportes de Puerto Real, Andrés Rodríguez, comentó tras solicitar la resolución de la adjudicación que “se ha interpuesto una querella criminal contra T. S., Vicente Gallardo y la propia UTE por malversación de fondos públicos, apropiación indebida y estafa, pues haremos todo lo que esté en nuestra mano para solucionar este problema”.
“Tengo que morderme la lengua, pero la ciudadanía tiene que saber que aquí no se ha tenido la diligencia debida; la caducidad del expediente tiene culpables, pues conociendo la gravedad de este problema los anteriores responsables municipales no se lo han tomado en serio, y de ello tendrán que dar explicaciones a los ciudadanos, pero que sea la verdad, no golpes de pecho”; Además, me pregunto cómo pudieron otorgar la concesión a una empresa cuyo titular tenía causas abiertas por media España, y que ha dejado de pagar en Puerto Real 600.000 euros”, expresó entonces Rodríguez.
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